En la tercera jornada de trabajo en el proceso de fiscalización a la entrega de carnés de discapacidad, la Comisión del Derecho a la Salud, recibió las versiones de Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado; y, Rubén Chiriboga, coordinador de Auditoría Médica de la Universidad UTE.
Celi informó que en el período que va de marzo a junio de 2020, durante el estado de emergencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de sus diferentes dependencias a nivel nacional, emitió 2283 carnés de discapacidad que están en análisis. “Con los antecedentes legales y procesales hay un hecho fáctico que es la emisión de los 2283 carnés en un periodo de cuatro meses.” En este mismo periodo, 78 personas con carné de discapacidad tramitaron la importación de vehículos.
En el 2018, se importaron 1476 vehículo nuevos y 163 usados. En el 2019, se importaron 4022 nuevos y 400 usados, es decir, en un solo año, se incrementó en 172 % la importación de vehículos nuevos; y en 150.3 %, la importación de vehículos usados. Este incremento que fue posterior a las reformas a la Ley de Discapacidades, aligeró las acciones de control en la emisión de carnés, precisó.
Explicó que a partir de las denuncias públicas, iniciaron un conjunto de acciones de control, desde el mes de junio. En la actualidad realizan 59 auditorias: 57 al MSP, una al Servicio de Aduana; y, otra al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y sus dependencias. Estas órdenes de control las han ampliado desde enero del 2014 hasta a actualidad, cuyo tiempo de ejecución es de 90 días laborables.
Celi pidió la armonización entre el texto de la Ley vigente y el Reglamento, a fin de que se restituya de manera plena las capacidades de control del MSP en esta materia, en la cual han encontrado una incongruencia.
En el proceso de otorgamiento de los carnés se debe tomar en cuenta que el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) tuvo atribución para emitir carnés hasta diciembre de 2013; desde enero de 2014 lo hace el MSP. Sin embargo, el Conadis, en resolución de 2019, extendió la vigencia de las especies de carnés de discapacidades; y, extendió también la vigencia de especie carnés de discapacidades del MSP. Reiteró considerar las competencias y las fechas de emisiones de resoluciones que en los hechos han extendido la vigencia de carnés.
Mencionó que en el MSP están operativas 397 unidades que tienen la facultad de otorgar carnés de discapacidad. Sin embargo solo existe 631 profesionales acreditados.
Vehículos
Respecto al Senae, dijo que el examen se focaliza en analizar las operaciones de comercio exterior en la que se incluye importaciones de vehículos y bienes, efectuados por personas con discapacidad y a los funcionarios diplomáticos. El periodo examinado es entre enero de 2015 y junio de 2020, con el objetivo de establecer que la concepción de excepciones tributarias se haya cumplido de conformidad con la Ley y la normativa vigente; y, que los vehículos importados con exoneración de tributos permanezcan en poder de los beneficiarios por cinco de años, que es lo que establece la Ley.
Anunció auditorías posteriores a las empresas privadas con las cuales se concretan las exenciones tributarias por el uso de carnés de discapacidad indebidos.
Inquietudes legislativas
Los legisladores se refirieron al uso de los carnés para los concursos y que no son motivo de las actuales auditorías, a fin de identificar un posible beneficio con acciones afirmativas; ampliación de la investigación a otras instituciones, como al Servicio de Rentas Internas, para que se identifique la posible existencia de exoneraciones y reducciones de impuestos.
Auditoría médica
El catedrático de la UTE, Rubén Chiriboga, propuso realizar una auditoría médica de gestión al proceso de la entrega de carnés, pero no por el MSP, porque ha demostrado ser juez y parte. Cree el MSP debe tener un equipo de auditores certificados que puedan evaluar si el proceso es el adecuado. Pidió auditoría externa, para que se evidencie las condiciones técnicas, médicas basadas en factores físicos y bio sicosociales y luego tomar las acciones de carácter administrativo judicial.
Aseguró que el problema sigue siendo sanitario, por lo tanto, debería evaluarse desde es ámbito y a partir de ello proveer las herramientas a los otros ámbitos de control del Estado.
Tanto la Fiscal General, como la presidenta del Consejo de la Judicatura, quienes estaban invitadas a la sesión, se excusaron. En el primer caso por no encontrarse dentro de la ciudad, y en el segundo, por haber adquirido compromisos con anterioridad.
Asambleísta por la provincia de Bolívar | Integrante de las Comision Del Derecho a la Salud | Movimiento SUMA Visita mi Perfil
