La asambleísta María Augusta Calle, coordinadora regional del Frente contra el Hambre de América Latina y el Caribe, precisó que la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria, la malnutrición es un problema político y no solamente técnico o de recursos, por ello el trabajo legislativo es clave para situar este tema en el más alto nivel de las agendas políticas. Solo así es posible lograr que se establezca un marco institucional eficaz para los países de la región.
Nadie dijo que es fácil luchar contra el hambre, más aún cuando la alimentación constituye un negocio que es acaparado por un pequeño grupo de empresarios que controla el 88% del mercado de alimentos, expresó la parlamentaria en el marco del foro “la alimentación no es un negocio”.
Señaló que los frentes parlamentarios contra el hambre cumplen un papel esencial como es aglutinar los esfuerzos de los parlamentarios de asambleas legislativas regionales, subregionales, nacionales y locales, y vincularlos con la sociedad civil, pues unir fuerzas permite promover de manera más eficaz marcos legales que faciliten la realización del derecho a la alimentación, además, genera un intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias nacionales y regionales.
Igualmente, permite desarrollar medios legales e institucionales con recursos humanos y presupuestarios acordes. Este objetivo incluye el trabajo en materias ligadas a la soberanía alimentaria, como la agricultura familiar, la agroecología, la alimentación escolar, educación alimentaria y las políticas de protección social.
María Augusta Calle indicó que de las lecciones aprendidas de una década de lucha contra el hambre es necesario elevar el compromiso político a compromiso de Estado que se mantiene a través de varias legislaturas. El compromiso político se demuestra con recursos y cambios estructurales; las leyes ayudan pero no pueden cambiar todo por sí mismas. El proceso de construcción de una ley es tan importante como la ley en sí misma, pero el derecho a la alimentación es realizable cuando pasa a ser el objetivo de una política de Estado. Exige acciones coordinadas y coherentes a todos los niveles, agregó.
Extracto tomado del Boletín de la Asamblea Nacional.
