En mi intervención presenté los avances en la fiscalización que, desde la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, hemos venido realizando al servicio de acogimiento institucional a nivel nacional, en cumplimiento de la Resolución Nro. RL-2023-2025-032, aprobada el 2 de mayo de 2024. Esta resolución nos compromete a realizar una fiscalización detallada, centrada en verificar el cumplimiento de los derechos de nuestros niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos en acogimiento institucional.
Nuestro objetivo primordial es asegurar que las niñas, niños y adolescentes reciban el apoyo y cuidado adecuado que garantice su desarrollo integral, en un entorno seguro y protector. Para ello, se han establecido áreas clave de intervención, en las cuales se han realizado significativos avances.
La resolución exhortó al Presidente de la República a declarar la emergencia en el sistema de acogimiento institucional. Para dar cumplimiento a esta disposición, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha trabajado en la elaboración de un informe técnico y un decreto ejecutivo que propone esta declaratoria. Esta acción permitiría agilizar la asignación de recursos, incluyendo personal y atención en salud y educación para los niños, niñas y adolescentes.
Actualmente, Ecuador cuenta con 86 unidades de acogimiento institucional, de las cuales 9 son de atención directa, 53 operan por convenio de cooperación y 24 son privadas, de las cuales esta comisión ha realizado el proceso de fiscalización a 9, en las provincias de Pichincha, Santa Elena, Tungurahua, Imbabura y Morona Santiago. Estas unidades, en su mayoría, presentan deficiencias en infraestructura, limitaciones de personal especializado, existen dificultades con los procesos de contratación pública para la adquisición de bienes elementales como son alimentos, vestimenta, útiles escolares, de aseo personal, entre otros.
Otra de las problemáticas son los procesos legales de las niñas, niños y adolescentes, estos son lentos y dilatados producto de falencias en el impulso procesal y la exigencia de requisitos que no pueden ser fácilmente obtenidos. También, la poca frecuencia de procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes, nos alerta a buscar mecanismos para acelerar los procesos de declaratoria de adoptabilidad, a fin de restituir el derecho a la convivencia familiar de las niñas, niños y adolescentes. Estas novedades identificadas repercuten directamente en la atención integral de nuestros niños.
En nuestras visitas a las casas de acogida, hemos evidenciado que cinco de las unidades se encuentran en buen estado, dos necesitan cambio de inmueble y otras dos están por intervenir. Estas necesidades demandan una intervención inmediata y recursos para mejorar las condiciones de vida y atención de los niños y adolescentes institucionalizados.
Como parte de las acciones articuladas, el Ministerio de Educación ha implementado estrategias para garantizar el acceso y continuidad educativa de los niños y adolescentes institucionalizados, evitando que pierdan su derecho a la educación independientemente de su ingreso al sistema de acogimiento. Esto incluye la entrega de textos, uniformes, y la implementación de un programa de nivelación académica y apoyo emocional a través de los Departamentos de Consejería Estudiantil. El acompañamiento psicosocial es fundamental para los niños, quienes enfrentan situaciones emocionales complejas debido a la separación de sus familias y el tiempo prolongado en las instituciones. Sin embargo, existen áreas en las que aún se puede mejorar, como la regularización y capacitación continua del personal de los Departamentos de Consejería Estudiantil.
Desde la comisión, uno de los puntos que hemos priorizado es la estrategia de desinstitucionalización, orientada a que el acogimiento institucional sea una medida temporal y de último recurso. En 2021, el MIES aprobó la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, pero su implementación ha sido limitada, habiendo sido aplicada solo como proyecto piloto en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Para avanzar en esta estrategia, se requiere de un enfoque interinstitucional coordinado, que no dependa únicamente del MIES sino de toda la estructura del sistema de protección de derechos en Ecuador.
Esta comisión ha trabajado para que las instituciones y organismos responsables actúen de manera articulada, no solo para reducir el tiempo de permanencia en estas instituciones sino también para fortalecer modalidades alternativas de cuidado. El Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentra reformulando la estrategia con el apoyo de los organismos de naciones unidades y varias instituciones públicas.
Una de las situaciones más preocupantes han sido los casos de violencia en unidades de acogimiento, como el lamentable hecho de conmoción nacional respecto de la muerte de la niña de iniciales A.Y en la provincia de Morona Santiago, un mes después de haber sido reinsertada a su familia biológica, previa institucionalización por 2 años en una unidad de atención directa del MIES, y el presunto suicidio de un adolescente de 13 años en el Centro de Acogimiento Buen Vivir, en Macas. Estos incidentes son un llamado de atención a las falencias en las condiciones de vida, en la atención emocional y psicológica que reciben los niños y adolescentes en estos centros. Hemos impulsado reuniones con la Fiscalía y otras instituciones de justicia para garantizar el avance de las investigaciones y asegurar que se tomen las medidas adecuadas en los casos de violencia y vulneración de derechos, además se están implementando protocolos para mejorar la supervisión y el cuidado emocional en estos centros.
Es urgente también que el Estado considere la creación de una política integral para aquellos adolescentes que, al alcanzar la mayoría de edad, deben abandonar los centros de acogimiento. Estos jóvenes enfrentan una situación de vulnerabilidad y, en muchos casos, carecen de recursos o habilidades para integrarse en la sociedad de manera segura y productiva.
Asambleísta por la provincia de Santa Elena
