Como Asambleísta por Santa Elena, defendí en el Pleno el Proyecto de Ley que cumple el mandato de la Consulta Popular del 21 de abril de 2024, donde el 65% rechazó el arbitraje internacional en controversias con el Estado.
Alineado con el Art. 422 de la Constitución, busca proteger nuestra soberanía y recursos frente a casos como Chevron, Occidental y Perenco, que nos costaron más de $2.300M. Con 8 arbitrajes pendientes (Albacora S.A., Merck Sharpe & Dohme, MAESSA), el riesgo financiero es inmenso, drenando fondos públicos para salud, educación y seguridad.
Archivar este proyecto, como hicieron algunas bancadas, ignora la voluntad popular y perpetúa la inseguridad jurídica. La reforma proponía eliminar cláusulas que ceden jurisdicción, priorizar el arbitraje nacional y proteger el presupuesto público.
Lo podíamos lograr defendiendo nuestra soberanía sin afectar la inversión para garantizar seguridad jurídica y desarrollo.
Asambleísta por la provincia de Santa Elena
