En el mes de julio de 2017, la Asamblea Nacional de Ecuador creó una Comisión Ocasional a la que se denominó AAMPETRA con el objetivo de que estudie los abominables casos de abuso sexual en planteles educativos ocurridos en el país desde 2011 y proponga soluciones a esta indignante problemática.
La intención original de la Asamblea se desvirtuó cuando algunos legisladores coludidos con ciertos medios de comunicación encontraron la oportunidad de usar el tema con fines de persecución política; de esta forma, la expresión del ex ministro Augusto Espinosa: “conocía que existía un promedio anual de cien casos denunciados en Fiscalía” la convirtieron en “conocía y ocultó” con lo que pretendieron sin éxito entablarle un juicio político pero consiguieron crear un marco comunicacional orientado a generar un estado de opinión adverso y sembrar odio en la ciudadanía.
En un primer informe la Comisión AAMPETRA presentó el estudio de alrededor de 40 casos de abusos sexuales a menores y en ninguno de ellos estableció responsabilidad alguna sobre el actual ministro o los anteriores por lo que seguramente no fue del interés de los medios de comunicación y prácticamente no se lo difundió.
En marzo de 2018 se aprueba un segundo informe esta vez referido al control político del Ministerio de Educación y este sí es ampliamente difundido por los medios de comunicación en la línea de alimentar un estado de opinión adverso al ex ministro de Educación del gobierno de Rafael Correa Delgado.
Este informe, cuyo borrador fue elaborado por la presidenta de la Comisión Ocasional AAMPETRA y sus asesores, evidentemente es: subjetivo porque se valora con criterios distintos cada una de las gestiones, para unos se ve el “vaso medio vacío” y para otros el “vaso medio lleno”. A todas luces es ilegítimo porque no se permitió a los aludidos observar las erradas conclusiones que se obtienen luego de las comparecencias del lejano mes de octubre de 2017. Finalmente, comienza a revertirse de ilegalidad porque al parecer no existe congruencia entre lo que se aprobó en la sesión de AAMPETRA y el texto final que se remitiría al Consejo de Administración Legislativa.
En síntesis, en relación a la gestión del ex ministro Espinosa se dice que antes de ella no existía prácticamente nada, que hizo mucho pero le faltó completar la tarea; a la del ex ministro Peñafiel se le menciona brevemente indicando que continuó con la labor del anterior titular; y se pondera las acciones del actual ministro Falconí.
El primer error del informe es no definir de partida lo que según las normas vigentes (Constitución, tratados internacionales, leyes y reglamentos) debería ser un sistema de protección a menores y solo después evaluar en cuánto se avanzó en cada una de las gestiones y que limitó un avance mayor.
Así, por ejemplo, si en materia de protección se considera fudamental la evaluación psicológica de los docentes previo ingreso al magisterio había que determinar que porcentaje de maestros incorporados se sometieron a ella en cada uno de los periodos; si la constitución de Departamentos de Consejería Estudiantil es necesaria había que definir el nivel de cobertura alcanzado en cada año; si es importante tener un sistema de información sobre la actividad de los consejeros estudiantiles había que establecer cómo trabajó cada ministro en este ámbito. En el caso de respuesta y aplicación de protocolos habría sido interesente que para evitar generalizaciones AAMPETRA establezca con estadística anual el porcentaje de denuncias hechas en los distritos educativos que no fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, el porcentaje de docentes acusados de delitos sexuales que no fueron separados de los estudiantes. Después, si se habría definido que son necesarias auditorías en los planteles en los que se produjo algún caso de abuso sexual entonces presentar los datos del porcentaje que se sometió a ellas en cada año.
Seguramente se encontrarán fortalezas y debilidades en la gestión de cada uno de los ministros aludidos en el informe, este diagnóstico debería servir para que los ministros expongan la razón por la que no pudieron avanzar más de lo que hicieron y solo así se podrían hallar soluciones efectivas.
Pero la Comisión AAMPETRA se dejó llevar por las presiones políticas y el estado de opinión, aprobó un informe que en el intento de afectar la imagen de un exministro comienza a ser el arma de ciertos “sicarios políticos” que ya hablan de tener en sus manos al actual ministro porque es evidente que no ha completado lo que había dejado “inconcluso” el gobierno anterior.
Esto no se queda ahí, agrupaciones políticas que vieron mermado su poder en el gobierno de Rafael Correa como el MPD, y PRE arremeten con fuerza y pretenden trasladar al ámbito penal las “supuestas” omisiones de la política pública; ahora se llega al absurdo de pretender asignar responsabilidad penal a los ministros por los delitos que se cometen en los planteles educativos. Con este argumento, habría que denunciar penalmente al ministro de Defensa cuando se produce una muerte en un cuartel o Escuela Militar por negligencia de alguien.
Si la Fiscalía acepta el trámite de las denuncias presentadas por dirigentes del MPD y el PRE, en calidad de abogados patrocinadores de terceros a quienes utilizan, se estaría sentando un precendente nefasto porque después de la consulta popular de 2018 todo delito sexual es imprescriptible entonces, dependiendo del clima político, el actual ministro o los futuros podrían ser perseguidos penalmente por el resto de sus vidas si se produce un delito de esta naturaleza durante su gestión.
Por el interés superior de nuestros menores es necesario recuperar la sensatez en el Ecuador y entender que un tema tan serio como este no puede ser tratado con la lógica politiquera de destruir a los adversarios políticos para promover la imagen propia.
Asambleísta Nacional | Integrante de la Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral |
