Recibimos en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social al legislador Franklin Samaniego, proponente de la reforma a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Hoy más que nunca, debemos revisar cómo se llevan a cabo los procesos de designación de autoridades. Es momento de transparentar las reglas del juego y garantizar que los más capacitados accedan a estos espacios, sin favoritismos ni cambios de última hora.
La reforma propuesta abre la puerta a un proceso más justo y legítimo, con participación de todas las funciones del Estado y también de la ciudadanía y las organizaciones sociales.
Nacido en Azogues el 4 de noviembre de 1979, Blasco Remigio Luna Arévalo ha forjado una sólida trayectoria en el servicio público, convirtiéndose en un referente político de la provincia del Cañar. Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad de Cuenca en 2003, Luna ha complementado su formación técnica con un firme compromiso social y político, que se refleja en su militancia dentro del movimiento Revolución Ciudadana.
Su experiencia legislativa y de gestión lo distingue dentro del Pleno. Fue electo asambleísta para los períodos 2021-2023 y 2023-2025, en los que ha impulsado activamente la participación ciudadana, la fiscalización a favor del desarrollo local y la defensa de los sectores más vulnerables de su provincia. Antes de su labor legislativa, se desempeñó como asesor parlamentario (2017-2020), director distrital del MIES en Azogues (2016-2017) y jefe político del cantón Azogues (2014-2016), lo que le permitió conocer de cerca las necesidades de la población más vulnerable de la provincia del Cañar.
Como representante popular, su accionar ha estado enfocado en fortalecer el trabajo articulado entre los niveles del Estado, potenciar a los actores de la economía popular y solidaria, y exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de sus competencias, particularmente en temas de vialidad, salud y servicios básicos.
Fiel a sus principios, Blasco Luna Arévalo mantiene una conexión directa con su territorio y con las organizaciones sociales, convencido de que la política debe ser una herramienta para transformar realidades, no para administrar privilegios.
