Jornada legislativa. La sesión 079 de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio abrió con una agenda centrada en la fiscalización de las rentas generadas por la venta de energía eléctrica y el análisis de los derechos de los servidores municipales. Uno de los temas más relevantes fue la distribución de los recursos establecidos en la Ley 047, cuyo 5% de la facturación de las centrales hidroeléctricas beneficia a municipios y juntas parroquiales de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. Este esquema financiero, vital para proyectos locales, fue objeto de cuestionamientos debido a los retrasos en los pagos, lo que afecta la planificación y ejecución de iniciativas prioritarias como agua potable y saneamiento.
Durante la sesión, el Subsecretario de Relacionamiento Fiscal explicó los mecanismos de distribución de estos recursos, pero se enfrentó a críticas y solicitudes de mejoras. Representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y de Conagopare pidieron mayor transparencia en la facturación y pagos más oportunos. Desde los municipios pequeños, se destacó la importancia de ajustar las escalas salariales y garantizar que los fondos lleguen sin intermediarios para cumplir con los proyectos comunitarios. Propuestas como la creación de una cuenta única para evitar retrasos reflejan la necesidad de optimizar la gestión financiera en beneficio de las localidades rurales.
La alcaldesa de La Troncal ofreció un testimonio contundente sobre las graves consecuencias de los retrasos en los pagos. Su municipio enfrenta problemas de inseguridad y carencia de recursos para atender proyectos sociales esenciales. Este caso, representativo de muchos otros en el país, pone en evidencia que las demoras en la transferencia de fondos no son solo una cuestión administrativa, sino un obstáculo para garantizar condiciones de vida dignas.
En la misma línea de trabajo, las sesiones futuras de la Comisión prometen mantener el enfoque en la distribución equitativa de las rentas del Estado.
En la sesión 080 se analizará el informe para segundo debate del proyecto de ley que redistribuiría las rentas por industrialización de petróleo en las provincias de Esmeraldas y Santa Elena. Este proyecto busca reparar desigualdades históricas, reconociendo el impacto ambiental y social que estas actividades han tenido en dichas regiones.
Finalmente, la sesión 081 abordará un tema igualmente crucial: la fiscalización de los fondos destinados a la circunscripción territorial amazónica. Estas rentas, fundamentales para el desarrollo de comunidades en esta región, demandan un monitoreo constante para evitar mal manejo y garantizar que cumplan su propósito. El debate que se desarrolla en esta Comisión no solo toca el núcleo de la descentralización financiera, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de construir un modelo que responda de manera efectiva a las realidades locales y las urgencias de desarrollo en todo el país.
Carlos Edilberto Vera Mora, orgullosamente Manabita, nací el 09 de febrero de 1978, soy abogado, Magíster en Derecho Constitucional, político ecuatoriano con profunda convicción social, benefactor de las causas justas.
Actualmente, Asambleísta por el distrito Sur de Manabí, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea del Ecuador desde el 19 de noviembre de 2023, miembro de la Bancada del Partido Social Cristiano.
Mis estudios primarios y secundarios los realice en la provincia de Manabí, los estudios superiores los realice en la Universidad Pública - Estatal de Guayaquil, en donde obtuve los títulos de Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, y, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, en esa época universitaria fui electo Presidente de la Asociación Escuela de Derecho; posteriormente como Abogado fui electo Director y Secretario General del Colegio de Abogados del Guayas.
Adicionalmente, estudie una Maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, donde obtuve el titulo de Magíster en Derecho Constitucional. En el área laboral y profesional, entre otras funciones, he sido Abogado en libre ejercicio, Abogado Patrocinador del Municipio de Guayaquil, Procurador Sindico del Gobierno Provincial de Manabí, Registrador de la Propiedad del cantón Montecristí, actualmente Asambleísta por Manabí.
