La moción para esta prórroga fue presentada por el asambleísta Gabriel Bedón, quien destacó la necesidad de contar con más tiempo para elaborar un informe técnico-jurídico robusto y exhaustivo. Según Bedón, la complejidad y naturaleza del proyecto demandan una revisión meticulosa y detallada para asegurar que todas las implicaciones legales y técnicas sean adecuadamente abordadas. Esta posición subraya la importancia de un análisis profundo en el proceso legislativo, especialmente cuando se trata de legislación que afectará significativamente a los gobiernos autónomos descentralizados y la gestión de los recursos naturales.
Apoyando esta moción, la legisladora Fabiola Sanmartín coincidió con Bedón en la necesidad de una revisión más completa y solicitó el respaldo de los entes competentes para colaborar con el equipo técnico de la Comisión. La intervención de Sanmartín resalta la importancia de un enfoque colaborativo y multidisciplinario en la elaboración de leyes complejas. Su petición para el apoyo técnico adicional subraya la necesidad de un trabajo conjunto entre legisladores y expertos para producir un informe que refleje no solo la visión política, sino también un entendimiento profundo de los aspectos técnicos y jurídicos involucrados.
La prórroga solicitada por la Comisión refleja una actitud responsable hacia la legislación, reconociendo que el tiempo adicional es necesario para hacer un trabajo de calidad. Este enfoque permite a los legisladores considerar todas las variables y posibles consecuencias de la ley, asegurando que la normativa propuesta no solo sea viable, sino también beneficiosa para las partes involucradas.
El proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado es particularmente relevante porque trata sobre la distribución de ingresos generados por la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables. Este tema es de vital importancia para los gobiernos autónomos descentralizados, que dependen en gran medida de estos ingresos para financiar proyectos y servicios locales. Una ley bien estructurada puede significar una distribución más equitativa y eficiente de los recursos, lo que a su vez puede impulsar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Por otro lado, una ley mal diseñada o apresurada podría resultar en conflictos de jurisdicción, distribución inequitativa de recursos, o incluso en la explotación insostenible de los recursos naturales. Por ello, el enfoque meticuloso y detallado propuesto por Bedón y respaldado por Sanmartín es no solo prudente, sino esencial.
Carlos Edilberto Vera Mora, orgullosamente Manabita, nací el 09 de febrero de 1978, soy abogado, Magíster en Derecho Constitucional, político ecuatoriano con profunda convicción social, benefactor de las causas justas.
Actualmente, Asambleísta por el distrito Sur de Manabí, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea del Ecuador desde el 19 de noviembre de 2023, miembro de la Bancada del Partido Social Cristiano.
Mis estudios primarios y secundarios los realice en la provincia de Manabí, los estudios superiores los realice en la Universidad Pública - Estatal de Guayaquil, en donde obtuve los títulos de Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, y, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, en esa época universitaria fui electo Presidente de la Asociación Escuela de Derecho; posteriormente como Abogado fui electo Director y Secretario General del Colegio de Abogados del Guayas.
Adicionalmente, estudie una Maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, donde obtuve el titulo de Magíster en Derecho Constitucional. En el área laboral y profesional, entre otras funciones, he sido Abogado en libre ejercicio, Abogado Patrocinador del Municipio de Guayaquil, Procurador Sindico del Gobierno Provincial de Manabí, Registrador de la Propiedad del cantón Montecristí, actualmente Asambleísta por Manabí.
