El 25 de junio compartí con la ciudadanía la importancia de la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública, una normativa que representa un paso firme hacia la construcción de un Estado más transparente y eficiente.
Con esta ley, empezamos a devolver la confianza en lo público, estableciendo reglas claras para la contratación estatal y mecanismos más fuertes para prevenir y combatir la corrupción. Es una herramienta que permitirá que las instituciones rindan cuentas y trabajen verdaderamente al servicio de la gente.
Legislar con integridad es esencial para fortalecer nuestra democracia y garantizar que el Ecuador avance con justicia y transparencia.