El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 88 votos afirmativos, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público y Ley Orgánica de Empresas Públicas Referente a los Jóvenes que regulan el empleo joven y la obligatoriedad de su contratación. La propuesta de Ley será remitida al Ejecutivo para su sanción u objeción.
La reforma asegura las contrataciones de jóvenes de 18 a 29 años, tanto en lo público como en lo privado. “Con la Ley se apoyaría a toda la población joven entre 18 a 29 años, siendo 3 356 563 de un total de habitantes de 17 millones, que responde al 35,6 %, de acuerdo al último censo, así también debemos sumar a las mujeres que podrán trabajar a tiempo parcial”.
El número o porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 y 29 años en las empresas no podrá ser menor al 10 por ciento de la nómina y se garantizará la plurinacionalidad e Interculturalidad. No se establecerá período de prueba en estos contratos, gozarán de todos los beneficios legales de manera proporcional o completa y se asegurará la capacitación para el buen desempeño de sus funciones. Para el cumplimiento de las contrataciones se tendrá en cuenta los recursos asignados a cada institución y la planificación correspondiente, sin que esto implique un aumento de la masa salarial.
Además, las mujeres que tengan a su cuidado a otras personas y realizan trabajo no remunerado del hogar, podrán acceder a un contrato de trabajo de plazo y jornada parcial, con salario proporcional a la duración de la jornada, a fin de hacer compatibles su actividad familiar y de cuidado de sus hijos, con el acceso al mercado laboral, la actividad productiva, su desarrollo personal y su derecho a la independencia económica, además que se reconoce todos los beneficios totales o parciales, derechos legales y constitucionales.
Los estudiantes de hasta 29 años, durante el tiempo de sus estudios, y hasta un año después de terminados estos, podrán acceder a contratos de plazo y jornada parcial y salario proporcional a la duración de la jornada.
Carmen Tiupul destacó la importancia de contar con una norma que regule el trabajo juvenil, que abra fuentes de trabajo en todos los ámbitos, que contribuya al crecimiento económico y aporte al desarrollo productivo del país; como inversión indispensable para una economía inclusiva que reduzca desigualdades con juventud empoderada; y, que dignifique a la juventud con un trabajo digno, alimentación y educación.
Carmen Tiupul es una mujer kichwa puruwa, originaria de la comunidad Amulá Casaloma del Pueblo Cacha, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Ingeniera en Administración de Empresas, cuenta además con un Diplomado en Fortalecimiento del Liderazgo otorgado en Chile. Su vida ha estado marcada por una firme vocación de servicio, desempeñándose como dirigente, docente, activista política, lideresa comunitaria, luchadora social y defensora de los derechos de la naturaleza.
Fue la primera mujer en presidir la Federación de los Pueblos Indígenas de la Nación Puruhá Cacha, rompiendo barreras históricas en espacios tradicionalmente dominados por hombres. También fue Vicepresidenta de la Junta Parroquial Cacha entre 2014 y 2018, desde donde impulsó iniciativas de desarrollo comunitario con enfoque intercultural. Ha ejercido liderazgo como coordinadora del colectivo de mujeres “Saritas Cacha”, de la Caja Comunal Amulá Casaloma y como vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (COMICH), organización provincial que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Asimismo, ha sido parte activa de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
En octubre de 2019, fue injustamente criminalizada y sentenciada por su participación en la defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano durante las jornadas de protesta social, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y dignidad del movimiento indígena.
Actualmente, Carmen Tiupul es asambleísta nacional por la provincia de Chimborazo y ocupa la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde donde continúa su compromiso con la justicia social, la equidad, la protección de los derechos colectivos y el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, así como la defensa activa de los derechos de la Pachamama.
