El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 104 votos afirmativos, el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, en lo relativo al Régimen Especial de Galápagos. Esta reforma busca agilizar y optimizar las disposiciones sobre jubilación, acceso a servicios de salud y otras prestaciones para los residentes de esta provincia.
El objetivo principal de la normativa es garantizar condiciones laborales y sociales justas para los habitantes de Galápagos, en consonancia con los principios de inclusión, equidad, suficiencia y solidaridad que rigen el Sistema de Seguridad Social.
La asambleísta Carmen Tiupul destacó que la ley responde a cinco ejes fundamentales:
Garantizar la equidad en los procesos de jubilación.
Facilitar el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud.
Actualizar el marco legal conforme a la normativa vigente.
Fortalecer los mecanismos de auditoría y control en el ámbito laboral.
Ajustar las prestaciones del sistema de seguridad social, en beneficio de más de 9.000 afiliados activos, pensionistas y jubilados.
Asimismo, recalcó la necesidad de que el Ministerio de Trabajo y el IESS realicen procesos constantes de fiscalización, para evitar la evasión de aportes por parte de los empleadores.
Las pensiones y demás prestaciones para los afiliados de Galápagos se ajustarán conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (2015). Estos ajustes deben reflejarse en los salarios sobre los que se calculan los aportes, incidiendo directamente en el salario promedio que determina el valor de las prestaciones, especialmente las pensiones por vejez.
Entre las principales reformas, se modifica el segundo párrafo de la Disposición Especial Única de la Ley de Seguridad Social, para que todas las prestaciones se calculen sobre la totalidad de la remuneración imponible, incluidos los incrementos que hayan formado parte de la base sobre la cual se efectuaron los aportes.
Además, el IESS asumirá los gastos de traslado, retorno y subsistencia de los afiliados que requieran atención médica fuera del archipiélago, por el tiempo que dure su tratamiento.
Finalmente, la asambleísta enfatizó que los ciudadanos de Galápagos merecen una atención médica integral, en todas las especialidades. Actualmente, la provincia no cuenta con centros de salud especializados ni hospitales de tercer nivel, por lo que muchos residentes deben viajar al continente costeando sus gastos con recursos propios.
Carmen Tiupul es una mujer kichwa puruwa, originaria de la comunidad Amulá Casaloma del Pueblo Cacha, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Ingeniera en Administración de Empresas, cuenta además con un Diplomado en Fortalecimiento del Liderazgo otorgado en Chile. Su vida ha estado marcada por una firme vocación de servicio, desempeñándose como dirigente, docente, activista política, lideresa comunitaria, luchadora social y defensora de los derechos de la naturaleza.
Fue la primera mujer en presidir la Federación de los Pueblos Indígenas de la Nación Puruhá Cacha, rompiendo barreras históricas en espacios tradicionalmente dominados por hombres. También fue Vicepresidenta de la Junta Parroquial Cacha entre 2014 y 2018, desde donde impulsó iniciativas de desarrollo comunitario con enfoque intercultural. Ha ejercido liderazgo como coordinadora del colectivo de mujeres “Saritas Cacha”, de la Caja Comunal Amulá Casaloma y como vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (COMICH), organización provincial que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Asimismo, ha sido parte activa de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
En octubre de 2019, fue injustamente criminalizada y sentenciada por su participación en la defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano durante las jornadas de protesta social, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y dignidad del movimiento indígena.
Actualmente, Carmen Tiupul es asambleísta nacional por la provincia de Chimborazo y ocupa la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde donde continúa su compromiso con la justicia social, la equidad, la protección de los derechos colectivos y el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, así como la defensa activa de los derechos de la Pachamama.
