Con el propósito de agilizar los procesos de inventario y partición y asegurar una justicia pronta y oportuna, la asambleísta por la provincia de Chimborazo, Carmen Tiupul presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos.
La legisladora argumentó que se ha advertido que el proceso de partición de bienes hereditarios es largo y complejo, cuando los herederos no llegan a un acuerdo sobre los bienes.
Explicó que en ese caso deben iniciar un juicio de inventario para listar los activos y pasivos dejados por el causante, pudiendo prolongarse durante años debido a apelaciones y recursos extraordinarios de casación, lo que ha provocado que se beneficien solo unos herederos, en perjuicio de otros.
El proyecto reemplaza el artículo 341, el cual establece que cualquier persona con derecho sobre los bienes puede solicitar la formación de un inventario, que será llevado a cabo por un perito designado por el juzgador en presencia de los interesados. En caso de bienes sucesorios, se citará a las personas correspondientes según la ley.
Además, el artículo 342 detalla el contenido del inventario, incluyendo nombres y domicilios de las partes involucradas, descripción y avalúo de los bienes, y la enumeración de documentos y títulos de crédito. Además, establece el procedimiento para la entrega de bienes a un administrador, quien será responsable de remitir informes trimestrales al juzgador.
Por otro lado, se modifica el artículo 345 para detallar el proceso de aprobación del inventario y partición, para lo que otorga a los interesados un plazo para realizar observaciones, y se establece el procedimiento para nuevas pericias si son necesarias.
Finalmente, el artículo 346 regula la oposición al inventario y partición, definiendo lo que se considera oposición y determina el procedimiento del sumario para resolver estas oposiciones. Para ello, permite al juzgador usar la fuerza pública para obligar a los tenedores de bienes a facilitar el examen y tasación.
Expresó que la necesidad de estas reformas se fundamenta en la consulta emitida por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que aborda los procesos de inventario y partición de bienes hereditarios y de la extinta sociedad conyugal, por lo que es imperativo que la justicia en el Ecuador no solo sea accesible, sino también eficiente y, de este modo, evitar prolongados procesos judiciales que generan injusticias y conflictos familiares.
Carmen Tiupul es una mujer kichwa puruwa, originaria de la comunidad Amulá Casaloma del Pueblo Cacha, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Ingeniera en Administración de Empresas, cuenta además con un Diplomado en Fortalecimiento del Liderazgo otorgado en Chile. Su vida ha estado marcada por una firme vocación de servicio, desempeñándose como dirigente, docente, activista política, lideresa comunitaria, luchadora social y defensora de los derechos de la naturaleza.
Fue la primera mujer en presidir la Federación de los Pueblos Indígenas de la Nación Puruhá Cacha, rompiendo barreras históricas en espacios tradicionalmente dominados por hombres. También fue Vicepresidenta de la Junta Parroquial Cacha entre 2014 y 2018, desde donde impulsó iniciativas de desarrollo comunitario con enfoque intercultural. Ha ejercido liderazgo como coordinadora del colectivo de mujeres “Saritas Cacha”, de la Caja Comunal Amulá Casaloma y como vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (COMICH), organización provincial que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Asimismo, ha sido parte activa de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
En octubre de 2019, fue injustamente criminalizada y sentenciada por su participación en la defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano durante las jornadas de protesta social, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y dignidad del movimiento indígena.
Actualmente, Carmen Tiupul es asambleísta nacional por la provincia de Chimborazo y ocupa la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde donde continúa su compromiso con la justicia social, la equidad, la protección de los derechos colectivos y el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, así como la defensa activa de los derechos de la Pachamama.
