El Asambleísta César Carrión emite este Boletín frente a la gravedad de los hechos en torno al atentado del 27 de enero de 2018 en el Comando de Policía de San Lorenzo. Pone en evidencia la negligencia grave o la complicidad.
Se especula que las entidades que componen el sistema de inteligencia y orden público conocían del riesgo existente en la zona y, concretamente, en el destacamento de San Lorenzo. Además, se entiende que estas entidades, coordinadas por la SENAIN, están obligadas por ley a detectar a tiempo los riesgos a la seguridad del estado. De manera generosa, durante diez años, se perfeccionaron en el arte de espiar y perseguir sin ningún escrúpulo.
Sea cual fuere el escenario más acertado, se puede suponer que hubo negligencia, en el mejor de los casos, o complicidad, en el peor de los casos. Esto, a todas las luces, es muy grave.
Coincidentemente, este episodio sucede en un momento de descomposición en lo político y vulnerabilidad en la esfera económica. ¿Será que es todo una casualidad, a pocos días de la consulta popular? Como entorno, el ex-presidente Correa marca su territorio en un periplo de mal gusto y el ex-vicepresidente sentenciado, en prisión, se esquiva del merecido juicio político, en un entorno de fraccionamiento del bloque de Alianza País.
En este contexto, las entidades de seguridad se encuentran desmanteladas. A pretexto del 30-S, se aprobó el Decreto 632 el 17 de enero de 2011, por el cual la Policía Nacional pasó a ser un servicio policial ministerial, violando la Constitución en su artículo 160 inciso segundo. En segunda instancia, la mal llamada doctrina de seguridad integral dio pie para formular el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público donde se creó una guardia civil armada al servicio de las autoridades de turno. Finalmente, en 2016 se realizaron reformas a la seguridad social de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, generando incertidumbre institucional.
En tal virtud, el Asambleísta ha realizado dos demandas de in-constitucionalidad: el 26 de junio de 2017 interpuso una demanda al cuestionando el Libro III del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Además, el 19 de diciembre de 2017 presentó una demanda en contra del Decreto 632 que sirvió para hacer gala del uso de la fuerza y realizar contratos públicos millonarios. Exige que se den respuestas diáfanas y oportunas para la tranquilidad y seguridad de la población y solicita a la Corte Constitucional que dé trámite urgente a las demandas en materia de seguridad. Exhorta a la Fiscalía que se investigue los acontecimientos.
Para mayor información contactarse con: Francisco Calisto, Responsable de Comunicación. Despacho del Asambleísta Cesar Carrión. - Cel. 0981808372 - Email fcocalisto1658@gmail.com
Asambleísta por la provincia de Cotopaxi | Integrante de la Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral | Alianza CREO-SUMA
