Byron Real[1]
De las múltiples caracterizaciones que se puede dar a la sociedad contemporánea, una de las más importantes es la de tener a su alcance las herramientas conceptuales, metodológicas y operativas necesarias para registrar, medir y evaluar el rendimiento de prácticamente cualquier, plan, proyecto o emprendimiento que desarrollen las organizaciones públicas, privadas o comunitarias y, en general cualquier grupo formal o informal de la sociedad civil. Esto permite anticipar el éxito de una intervención o conocer si los esfuerzos institucionales para resolver sus problemas o lograr sus objetivos, podrían verse afectados por situaciones que no fueron previstas al momento de planificarlos, o que fueron subestimados durante su ejecución.
La evaluación en general es un proceso de valoración crítica tendiente a determinar si una acción para el desarrollo, sea un plan, proyecto o programa, en marcha o ya concluidos, han logrado los objetivos planificados y los cambios socioeconómicos o culturales esperados. De esta manera se busca conocer que cambios se requieren realizar para que ese proyecto o intervención cumpla sus objetivos y qué tan oportuno ha sido éste para solucionar una problemática determinada.
La evaluación como herramienta de análisis para conocer el desempeño de un proyecto o programa, se aplica a virtualmente todas las formas de ejercicio institucional, sea en el ámbito privado como en el público. Sin embargo, sobre las políticas y la legislación, aspectos medulares de la conducción regulación y control de las sociedades, no existe la percepción de que son ejercicios públicos que deberían ser evaluados y menos que esa evaluación sea de manera periódica. Esta percepción proviene básicamente de la idea de que la evaluación solo tiene que ver con proyectos temporales orientados al desarrollo socioeconómico o a cumplir metas específicas de las instituciones o gobiernos, y no con aspectos de política o legislación que se consideran elementos que solo pueden ser alterados mediante ejercicios político-partidistas, sin la acción sistemática de verificación de sus resultados.
No obstante la percepción indicada, las políticas públicas y la legislación son también ámbitos de gestión que deben ser evaluados y más aún si se considera que son instrumentos que orientan y regulan la actividad de sectores socioeconómicos de un país, ciudad o región. La evaluación normativa y legislativa no solamente apunta hacia la determinación de aspectos técnicos, sino también como uno de los aspectos de fortalecimiento y profundización de la democracia.
Los elementos básicos que animan a la evaluación de las políticas y legislación son los de determinar si ellas se adecuan a las finalidades para las que han sido instituidas; conocer si estas han generado los efectos buscados en el ámbito territorial o social correspondiente; y, verificar si ese cumplimiento de objetivos y metas se los logra con niveles aceptables de costo-eficiencia. Así, los resultados o hallazgos de una evaluación ayudarán a los organismos que emitieron o aplicaron esas políticas públicas a determinar si se requieren cambios o ajustes en ellas para mejorarlas y simplificar su aplicación. De particular importancia es la evaluación normativa en áreas de gestión pública en las que se deben manejar recursos naturales renovables o no renovables, sean de carácter forestal, marino-costero, la gestión de riesgos, las regulaciones de construcción, entre otras que determinan la seguridad ambiental y humana de las poblaciones. Las políticas y legislación deben someterse a evaluaciones o revisiones periódicas para establecer si responden o no de manera adecuada a los objetivos, los planes o los acuerdos democráticos que el Estado, una ciudad o provincia, se han planteado.
Típicamente, la evaluación legislativa o de la política pública busca determinar los siguientes aspectos:
En el Ecuador la evaluación es una práctica aún marginal y, de manera específica, la evaluación de normas y políticas, es todavía desconocida. Por este motivo es necesario que de cara a los desafíos que plantean las demandas de cambio social y económico, los problemas ambientales y las vicisitudes generadas por los riesgos naturales y antropogénicos, entre otros, se tenga a la evaluación de políticas y legislación como un ejercicio de transparencia y mejoramiento de la gobernabilidad y en general, de perfeccionamiento constante de la democracia.
[1] Asesor legislativo (Despacho del Asambleísta César Carrión). Miembro de EvalEc, Red de Evaluadores de Ecuador y de ReLac, Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización en América Latina y el Caribe.
Asambleísta por la provincia de Cotopaxi | Integrante de la Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral | Alianza CREO-SUMA
