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El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, junto a los representantes del Ministerio de Energía y Minas y el Director de la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales no Renovables, compareció ante la comisión de Biodiversidad para explicar el cálculo y retraso en el pago de la deuda que el Gobierno mantiene con la región amazónica.
La Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica establece una asignación de recursos al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico del 4% del precio de venta de cada barril de petróleo, que se extraiga de la Amazonía por parte de las empresas de explotación de hidrocarburos y que se comercialice en los mercados interno y externo, que no podrá ser inferior dos dólares por cada barril.
Arosemena aseguró, que desde la llegada al Gobierno una de las prioridades ha sido la atención a los GAD. “Desde el 24 de mayo se han transferido más de 4.000 millones de dólares, de ese monto 444,5 millones corresponden a municipios y provincias amazónicas”, complementó.
El ministro también hizo mención a una consulta realizada al Procurador General del Estado, para determinar quién es el sujeto que debe cancelar los valores que la región amazónica reclama, aduciendo que hay contratos establecidos anteriores a la formulación de la Ley, los cuales serían una parte específica que no entra al cálculo del volumen total de barriles de petróleo.
Como respuesta a si esta deuda está contemplada en el presupuesto del 2023, Arosemena aseguró que primero se tienen que cumplir los procesos técnicos y legales, en los que se incluye la consulta a la Procuraduría.
Por su parte, los representantes del ministerio de Energía y Minas y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables se mostraron alineados con los pronunciamientos del Ministerio de Economía, en cuanto a que primero hay que esclarecer la cantidad de barriles que corresponden al cálculo del Fondo de Desarrollo Amazónico.
Argumentaron que sus funciones se limitan a la medición, cuantificación y fiscalización de la producción petrolera. “Esta información se recoge y se la entrega a los organismos pertinentes, como el Ministerio de Finanzas, Banco Central, Petroecuador y hasta el COMAGA”, aclararon.
La asambleísta Consuelo Vega lamentó que después de algunos pronunciamientos por parte de la Procuraduría sobre el tema, aún no se tenga claro quién es el responsable de cancelar los valores que la Amazonía exige y necesita. “El 80% de la vialidad de la Amazonía, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la pobreza necesitan atención”, concluyó.
Por su parte Washington Varela, presidente de la comisión, advirtió que “la ley es clara , se tiene que pagar y punto. Estos recursos se están ocupando para otros fines que no están contemplados en la ley, lo único que queremos es que se pague”.
La comisión legislativa quedará a la espera de la resolución de la Procuraduría para tomar las acciones necesarias y que cumplan los pagos retrasados a la región amazónica.
En otro tema la mesa legislativa conoció y aprobó de manera unánime el informe técnico de fiscalización y seguimiento al evento de hundimiento de viviendas a causa de la minería ilegal, en el casco urbano del cantón Zaruma.
El legislador Pedro Zapata reconoció que el informe muestra un problema que llevan años sin resolver, mismo que ha sido denunciado constantemente, porque la minería ilegal no respeta las áreas de exclusión. “Es terrible lo que pasa en territorio, donde la atención del Estado es débil y posiblemente ni existe.
Eva Valdiviezo y Ramiro Aguilar en representación del Colectivo Ciudadanos Zarumeños Junto a su Pueblo, mostraron su preocupación por el futuro de Zaruma. Consideran que la minería ilegal está acabando la naturaleza y las detonaciones subterráneas tienen a la población en zozobra. “Hay una afectación económica, social y psicológica, porque la ciudad no duerme y si no nos unimos a exigir acciones la ciudad va a desaparecer”, señalaron.
