Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
El asambleísta Fredy Rojas pide y extiende de nuevo la invitación para el alcalde de Santa Cruz, para que exponga los detalles del contrato de obra No. 005-GADMSC-2013 con la empresa Construcciones Dragado y Arena S.A., para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable para la ciudad de Puerto Ayora, cantón Santa Cruz de la provincia de Galápagos. El asambleísta exige justicia para la Isla de Santa Cruz, ya que hasta el día de hoy no cuenta con agua potable.
En el marco del estudio del proyecto de reformas al Código del Ambiente, la Comisión de Biodiversidad recibió las comparecencias de Carla Cárdenas, representante de Forest Partnership; Verónica Arias, docente de la Universidad San Francisco de Quito; Daniel Ortega, director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral; y, Zak Romo, coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.
Carla Cárdenas se refirió a la necesidad de que la Asamblea Nacional emita una regulación de bienes y servicios ambientales en el país, acorde al compromiso global de reducir las emisiones que producen el efecto invernadero.
Aseguró que la organización que representa trabaja en canalizar financiamiento para pueblos indígenas de la región, pero que en Ecuador la falta de una regulación clara representa un marco legal riesgoso para los inversionistas en proyectos de conservación.
Por su parte, Verónica Arias enfocó su exposición en explicar el funcionamiento de los mercados de carbono, los cuales se vienen regulando y están en pleno crecimiento a nivel mundial. Aseguró que se espera que estos crezcan este 2023 hasta un 25%.
Argumentó que la Constitución no prohíbe implementar un mercado voluntario de carbono, para buscar el beneficio de un pueblo, nacionalidades, de personas naturales o jurídicas, pero el Estado tiene la obligación de regular las condiciones de este.
“Hay que buscar un sistema de salvaguardas para que los beneficiarios, que son los que mantienen los bosques, reciban los recursos de manera justa y equitativa”, enfatizó al sostener que “debemos entender que los servicios ambientales forman parte de los bienes comunes que son del Estado, que la captación de CO2 es un bien común y si este está en tierras privadas, los ingresos generados por la venta de certificados de carbono deberá ser distribuido a los propietarios también”.
Daniel Ortega sugirió apuntar a una acción climática que ofrezca una opción al país para traer financiamiento público y privado, y aprovechar que hay una meta global de reducción de emisiones. “Los mercados de carbono surgen y se fundamentan con un fin social que es reducir temperaturas del planeta creando un impuesto a la contaminación”, subrayó.
“Cuando fijamos un precio a la tonelada de carbono, calculamos un costo de lo que la contaminación significa, el que contamina paga”, mencionó y aseguró que el impuesto al carbono puede permitir al Gobierno generar recursos para inversión pública.
Además insistió en que el mercado de carbono no puede ser administrado por el Ministerio de Ambiente, sino por un ente que entienda el funcionamiento de mercados de mejor manera como la Superintendencia de Valores.
Finalmente Zak Romo aseguró que la prioridad de la política pública está destinada a donde hay deforestación y se olvida de los pueblos indígenas que manejan adecuadamente su territorio.
“Hay que darles ayuda a los indígenas que viven en los bosques, son ellos los que protegen los bosques donde viven y solo reciben el 15% de los valores que nos pagan por conservación”, añadió.
Concluyó su intervención argumentando que más del 70% de territorio que está en Socio Bosque, es territorio indígena, que la normativa actual no ha sido eficiente y hay que garantizar que no ocurra lo mismo con esta reforma.
