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El lunes 23 de junio la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió en comparecencia al Fiscal General subrogante, Wilson Toainga, quien reconoció que el crimen organizado debe ser tratado como un delito excepcional, que exige fiscales especializados, protegidos y con capacidades diferenciadas.
Durante su intervención se manifestaron datos relevantes:
53 fiscales se encuentran bajo el programa de asistencia de víctimas, testigos y operadores de justicia.
La Fiscalía ha remitido 230 solicitudes de sumarios disciplinarios al Consejo de la Judicatura.
Se han identificado 75 noticias de delito con origen en la Contraloría General del Estado por presunto delito de enriquecimiento ilícito de jueces y ex jueces que en lo que va del año algunos ya han sido destituidos.
La Fiscalía ha denunciado a 68 operadores de justicia por error manifiesto o negligencia: 41 fiscales y 27 jueces. Por su parte, el Consejo de la Judicatura, como órgano responsable de aplicar el régimen disciplinario, ha sancionado únicamente a siete fiscales y ocho jueces.
Desde el año 2013 el Consejo de la Judicatura no realiza evaluación a los fiscales.
La Fiscalía General del Estado cuenta con 887 fiscales a nivel nacional; sin embargo, existe un déficit de más de 600 fiscales que no han sido incorporados, debido a que desde 2015 no se han realizado procesos de selección.
La Comisión ratifica su compromiso de continuar con el proceso de fiscalización al sistema judicial y anuncia que la próxima comparecencia será con las autoridades del Consejo de la Judicatura.
