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La visita duró una hora. En ese tiempo los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, encabezada por la legisladora María José Carrión y el ministro de Agricultura, Javier Ponce, constataron el estado de los predios de la hacienda La Majadita (provincia de Guayas). Buscan impulsar un nuevo proyecto productivo.
La visita se efectuó luego de insistentes peticiones de campesinos agrupados en la Asociación de Trabajadores Agricultores Autónomos La Majadita, quienes hace 6 años tenían la esperanza de armar un proyecto productivo de maracuyá gran escala, con financiamiento del Estado.
Las esperanzas se desvanecieron cuando los créditos anunciados nunca llegaron a la asociación; lo más grave, y de forma sorpresiva, fue que quedaron endeudados sin haber recibido un centavo.
Aunque se iniciaron las investigaciones y se determinaron culpabilidades, la situación de los agricultores no ha variado, pues siguen esperando la solución jurídica (el proceso está en casación en la Corte Nacional de Justicia) para acceder a un nuevo préstamo estatal.
Una comisión de los campesinos, encabezada por el asesor jurídico de la asociación, Eduardo Torres; y el administrador Luis Alvarado, acudió hace varias semanas a la Comisión de Fiscalización para pedir que se investigue el proceder de algunos funcionarios del ministerio que, según dijeron, dificultan la reactivación del proyecto agrícola. Es así como la comisión de legisladores y el ministro decidieron visitar los predios de la hacienda para revisar la factibilidad de un crédito.
La comitiva recorrió la zona el pasado miércoles junto con los campesinos del sector; allí comprobaron la existencia de una albarrada (especie de represa de agua), además de algunos sistemas de riego y bombas, algunas de las cuales están en desuso.
Tras la inspección, las autoridades evaluaron junto a los agricultores de La Majadita el resultado de la visita: “Hemos constatado que, en efecto, hay una albarrada donde se acumula el agua que podría servir a futuro para la producción; además, se pedirá a las autoridades judiciales celeridad en la resolución del caso para que se viabilice lo más pronto posible un nuevo crédito para reactivar el proyecto”, anunció la legisladora Carrión.
Junto a ella también estuvieron los asambleístas Richard Farfán, Montgomery Sánchez, Vanessa Fajardo, Víctor Medina y Hólger Chávez. Sánchez aseguró, en su calidad de ingeniero agrónomo, que las tierras que vistaron sí son aptas para la producción, lo que fue corroborado por su coideario Víctor Medina.
En tanto que el ministro Ponce expresó que en la visita se pudieron destacar 2 aspectos: el primero, el acceso al agua que debe garantizarse para un futuro proyecto; y en segundo término, que se debe reparar los sistemas de riego y las bombas de agua.
Tanto Carrión como Ponce aclararon que se pedirá un estudio a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) para que determine la factibilidad de retomar el proyecto productivo, ya que existen posturas divergentes en cuanto al terreno y el acceso al agua.
Otro hecho que llamó la atención de las autoridades es que los campesinos ahora anuncian su interés en sembrar y producir cacao, en lugar de maracuyá, como fue el proyecto inicial. A esto Carrión señaló: “Lamentablemente no se dio el seguimiento adecuado en su momento, porque se produjo el problema de peculado, por el que hay 11 procesados”.
Para la asambleísta, es necesario que haya resultados en el ámbito jurídico para retomar el proyecto, por eso primero se debe terminar el proceso judicial. “Vamos a dar seguimiento, no podemos intervenir, pero sí pedir celeridad para que finalice el proceso”, enfatizó Carrión.
Además, existe el compromiso de que la Espol evalúe la capacidad de la tierra, y qué elementos productivos pueden servir. Es importante el criterio de una instancia técnica ajena al Magap, para determinar si es factible un préstamo.
Eduardo Torres, asesor juridico de La Majadita, dice que la visita fue fundamental porque las autoridades pudieron verificar personalmente que las tierras son fértiles y que sí es posible que se otorgue un nuevo crédito que, por fin, dará fuentes de trabajo a los productores de la zona.
“El Magap y el BNF están prestos a darnos las facilidades y, con la vigilancia de la Comisión de Fiscalización, aunarán esfuerzos para hacer realidad este proyecto que fue un plan piloto del Gobierno en su momento”, aseguró el dirigente.
Por su parte, Ponce reiteró que el proyecto era emblemático, pero que lamentablemente “fue objeto de estafa de exfuncionarios vinculados al Banco de Fomento”. “Pero en esta evaluación vemos que es positivo que se otorguen nuevas ayudas”.
Insistió en la necesidad de trabajar en el restablecimiento de los pozos de agua, en la implementación de motores y bombas para facilitar el acceso del agua, más aún cuando el sector cuenta con un reservorio natural que se llena del líquido proveniente de un río, cuyo caudal es intermitente, ya que solo en invierno abastece.
Hoy se prevé que una comisión técnica del Magap visite nuevamente la zona, para evaluar con más precisión el estado del sistema de riego y de las bombas, con el objetivo de canalizar la ayuda. (I)
11 procesados por peculado
El proyecto agrícola terminó en un escándalo
Lo que comenzó como un proyecto emblemático de producción agrícola, que beneficiaría a 250 agricultores del cantón Pedro Carbo, terminó en un escándalo por peculado bancario.
A mediados de noviembre de 2009, a través de la entonces pre Asociación de Agricultores Autónomos La Majadita, se impulsó un proyecto de siembra de maracuyá financiado por el BNF; el monto del proyecto fue de $ 4,8 millones.
En agosto de 2010, un grupo de campesinos denunció irregularidades en la concesión del crédito, ya que este nunca llegó a sus manos. Estos recursos fueron transferidos a un fideicomiso (Fiduciaria del Pacífico), pero no cumplieron con el objetivo; se inició la investigación que determinó indicios de peculado bancario, que llevó a juicio a 11 personas, entre funcionarios del BNF y del fideicomiso.
En abril de 2015, el Sexto Tribunal de Garantías Penales sentenció a 4 de los implicados a 10 años de reclusión mayor y al pago de $ 439.250 cada uno; y a los 7 restantes a 8 años de reclusión mayor y al pago de la misma cantidad.
Se llegó a una segunda instancia por la Corte Provincial de Justicia del Guayas que sancionó a 3 de los implicados a 8 años; a otros 3 a 6 años de reclusión; otro implicado a 3 años de prisión; a otros 2 no se les impuso sanción y los restantes fueron declarados inocentes. En octubre de 2015 la Fiscalía interpuso un recurso de casación que fue aceptado y deberá ser resuelto por la Corte Nacional de Justicia. (I)
Fuente: El Telégrafo
