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La Comisión de Fiscalización resolvió archivar la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ministro de Educación, Augusto Espinosa Andrade, porque “no existen méritos, ni elementos de convicción suficientes para la determinación de una responsabilidad política”, sobre la supuesta inobservancia a algunas normativas, según denunciaron algunos asambleístas, en la solicitud.
Con nueve votos a favor, en el mismo informe motivado, la mesa también decidió solicitar a la Contraloría General del Estado que ejecute de manera inmediata un examen especial de auditoría a las entidades públicas del Estado, en especial al Ministerio de Educación, y a los gobiernos autónomos descentralizados sobre el aseguramiento de bienes. Esto, de acuerdo con el documento, con el fin de determinar el cumplimiento de las responsabilidades de las máximas autoridades, respecto del Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público.
El asambleísta Víctor Medina, quien elevó a moción la votación del informe, dijo que la decisión tomada ha sido seria y responsable. “No estamos para complacer a nadie, sino para hacer cumplir la Constitución y la ley”, sostuvo. Los legisladores que apoyaron esta moción destacaron que los parlamentarios acusadores no han entregado ninguna prueba suficiente para determinar la procedencia del juicio e indicaron que actuaron con irresponsabilidad.
Los asambleístas que plantearon el juicio político sustentaron que Espinosa no cumplió los artículos 212, numeral 3; 227; 348 inciso tercero de la Constitución y 5 del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de Bienes y Existencias del Sector Público.
Sin embargo, la comisión concluyó que sobre la presunta violación al artículo 212 de la Carta Magna, el Secretario de Estado no tiene competencia sobre la expedición de la normativa para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría General del Estado. En cuanto al artículo 227 señaló “no se ha presentado pruebas que demuestren que el imputado ha incumplido los 11 principios que rigen la administración pública en su conjunto o individualmente”.
Ayer, durante el debate de las pruebas, la asambleísta Marisol Peñafiel recordó que el ministro, en su defensa, emitió algunas cifras sobre la cobertura en educación, incremento histórico en inversión en este sector, niveles altos de cobertura, la distribución equitativa de los recursos, la mejora salarial para maestros, entre otros.
En el análisis de la presunta infracción al artículo 348 de la Constitución, la comisión concluyó que tampoco han presentado pruebas que demuestren que existió una falta de transferencia de recursos en las condiciones que señala este mandato.
Sobre el denunciado incumplimiento del reglamento la mesa argumentó que se ha analizado integralmente que es de cumplimiento obligatorio para todo servidor público; sin embargo existen, a criterio de la comisión, vacíos y contradicciones que solo el Contralor debe interpretar. Además, aduce que existe una Disposición Transitoria Única cuyo plazo vence en diciembre de este año, por lo tanto existe un plazo en vigencia para que las instituciones actualicen sus inventarios y el valor de sus bienes.
En el informe se incluyeron los antecedentes de la solicitud de enjuiciamiento político, en el que se encuentra la resolución del Consejo de Administración Legislativa; el conocimiento y verificación del cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión de Fiscalización; las comparecencias y documentación entregada por las partes acusadora y acusado; y, la improcedencia de algunas solicitudes enviadas al organismo parlamentario.
Asimismo, se consideraron los antecedentes históricos del juicio político en Ecuador; la valoración integral de la prueba y debate jurídico; la documentación y pruebas presentadas; fundamentos de derecho; valoración de los elementos de convicción; doctrina y definiciones.
El informe se remitirá a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
LM/pv
