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La Comisión de Gobiernos Autónomos resolvió aprobar el inicio de un proceso de fiscalización e investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia de Santa Elena, con énfasis en los actos y hechos que afectan en la comuna Olón y que han generado conmoción social en todo el país por el proyecto inmobiliario ECHO Olón en el área del bosque protector esterillo Oloncito.
A la sesión 043 fueron convocados los ministros Sade Fritschi (Ambiente), Niels Olsen (Turismo) Mónica Palencia (Interior), Gian Carlo Loffredo (Defensa) y Roberto Luque (Transporte y Obras Públicas), sin embargo, ingu de ellos compareció para dar explicaciones sobre el caso Olón.
La moción presentada por el asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, fue aprobada por unanimidad con siete votos a favor y en la misma se aprobó que la Comisión sesione en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, para fiscalizar in situ este caso.
Victoria Desintonio, presidenta de la Comisión, señaló que esta mesa legislativa siempre defenderá los derechos de la naturaleza y de las comunas ancestrales cuando su integridad se vea amenazada.
En la sesión 043, la mesa legislativa recibió a Andrea Fiallos, directora de la Fundación Iguana, afirmó que el sector en conflicto es considerado como área protegida desde 2001, según el Acuerdo Ministerial 072 de la autoridad ambiental, en donde se pretendería construir un proyecto urbanístico, para lo cual “se han marcado zonas de manglar para la tala”. Pidió que se tomen las decisiones correctas para proteger a las familias y a la naturaleza.
Varios legisladores solicitaron participar en la sesión para presentar sus reclamos, observaciones y preguntas sobre el caso Olón. Así, la asambleísta Jahiren Noriega mostró su preocupación por las discrepancias en informes sobre el impacto ambiental de proyectos en el bosque de Olón y solicitó clarificaciones al respecto.
La legisladora Rosa Belén Mayorga manifestó que el posible conflicto de intereses de algunas autoridades justifica la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional.
Por su parte, la asambleísta Mariana Yumbay criticó la eficiencia del gobierno en emitir licencias ambientales sin asumir responsabilidades y exige respeto a los derechos constitucionales y a la naturaleza.
La mesa legislativa, también, recibió al activista de la comuna Olón, Carlos Pozo, quien detalló las especies y características ambientales que rodean al Esterillo de Oloncito, que es parte de las 2.25 hectáreas del bosque protector, por lo que pidió la revocatoria del registro ambiental expedido para el proyecto inmobiliario. Por el daño al ecosistema dijo que existe un “ecocidio”.
Entre tanto, el presidente de la comuna Olón, Jhon Reyes subrayó que se mantendrá en defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos.
Roberto Palacios, presidente de la Fundación Ecológica Oloncito, subrayó que el bosque protector desde el 2001 es un plan de vida. Graficó la zona en donde se realizaron varias gestiones para la protección del manglar y todo el ambiente, que es parte del Patrimonio Forestal del Ecuador.
