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La Comisión de Gobiernos Autónomos inició el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánico Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para Recategorizar las Contravenciones de Tránsito, Fortalecer la Seguridad Vial Preventiva y Reducir la Carga Procesal en Materia de Tránsito dentro de los Juzgados del País.
El asambleísta proponente, Adrián Castro, agradeció a la Comisión por el espacio brindado para exponer su propuesta. En su intervención explicó que el proyecto busca agilizar el despacho judicial de infracciones de tránsito y reorganizar el régimen de contravenciones para que responda a la realidad actual del país.
Durante la sesión, la Comisión recibió los aportes de distintas autoridades y expertos en la materia:
Alejandro Lascano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), presentó observaciones técnicas sobre temas clave como límites de velocidad, funcionamiento de radares, y el proceso administrativo vinculado a las multas de tránsito. Asimismo, se refirió a la reclasificación de las contravenciones en los GADs en relación con el control de vehículos comerciales, transporte pesado, pasajeros y vehículos particulares.
En representación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) compareció Esteban Orellana, quien destacó la voluntad de cooperar en la construcción de normativa secundaria que permita armonizar la legislación sobre tránsito. Expuso observaciones relacionadas con la regulación del número de pasajeros en el transporte público y la necesidad de implementar programas de educación vial.
Finalmente, Pablo Cerón, experto en tránsito y seguridad vial, entregó aportes en representación del gremio de transportistas de Carchi. Señaló la necesidad de recategorizar las multas, y cuestionó el actual funcionamiento de los radares, especialmente en zonas de frontera, donde el transporte pesado y de carga tiene condiciones particulares.
La Comisión continuará recibiendo aportes técnicos e institucionales con el fin de construir una normativa eficaz, que garantice seguridad vial, respeto a los derechos de los ciudadanos y una gestión más eficiente de las contravenciones.
