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En el marco del análisis del proyecto de reforma al COOTAD, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió el aporte de la abogada Diana Granja, experta en derechos humanos, quien alertó sobre la débil articulación entre las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Señaló que esta falencia invisibiliza el rol de las juntas y limita la protección efectiva a grupos de atención prioritaria.
Granja recordó que estas juntas son organismos administrativos dentro del Sistema Nacional de Protección Integral, con la misión de garantizar derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, al depender de los GAD en lo organizativo y financiero, su existencia termina supeditada a voluntades políticas.
La jurista destacó que la Constitución reconoce la atención prioritaria a estos grupos, pero el COOTAD apenas menciona la creación de consejos y juntas cantonales sin garantizar su sostenibilidad. Por ello, insistió en que es obligación constitucional de los GAD asegurar financiamiento y funcionamiento permanente de estas instancias.
Finalmente, propuso vincular a las Juntas con secretarías de inclusión social o estructuras similares dentro de los GAD, para lograr una articulación integral con políticas de género, movilidad e interculturalidad. “Reconocerlas de forma expresa en el COOTAD no es un acto opcional, sino un mandato de coherencia con los derechos humanos”, concluyó.
