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Por unanimidad, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate de la Ley para la Aplicación de la consulta Popular del 19 de Febrero de 2017, referente al impedimento para que funcionarios públicos y representantes de elección popular puedan tener bienes de cualquier naturaleza en países dentro de la categorizaron de paraísos fiscales. Este Proyecto será tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional este jueves, a las 14h00, a la sesión No. 465.
Procesos de destitución
Marcela Aguiñaga, presidenta de esta Comisión, explicó que se fija un ámbito administrativo de ejecución de la ley, rápido y eficaz, a través de la investigación y de una auditoría de examen especial que hará la Contraloría General del Estado a todos los funcionarios públicos para determina si tiene bienes en paraísos fiscales, lo cual sea causal de destitución directa.
En los casos de dignatarios de elección popular, servidores sujetos a control político y jueces de la corte nacional y corte constitucional, el expediente pasará a conocimiento de la Corte Constitucional, que ratifica o rechaza el pronunciamiento de la Contraloría.
Cuando se trata del Presidente de la República, vicepresidente y asambleístas, después de lo que resuelva la Corte Constitucional, va a la Asamblea para votación a favor o en contra de la destitución.
Determinación de paraísos fiscales
La asambleísta también comentó que el Servicio de Rentas Internas (SRI) es la entidad única y competente para definir el listado de los paraísos fiscales. La ley no tendrá efecto retroactivo y el plazo de un año corre desde la promulgación de los resultados electorales, es decir hasta el 6 de marzo de 2018 funcionarios públicos, candidatos, dignatarios deben desistir o retornar sus bienes o participaciones que hoy tengan bienes en paraísos fiscales.
Los casos de paraísos fiscales se darán por denuncia ciudadana o cualquier investigación a través de un examen especial que haga la Contraloría, como también por denuncias de autoridades del SRI. Hay una parte relacionada con las investigaciones que realizan las unidades de lavado de activos como información para cotejar con un proceso de auditoría, agregó.
Por último, indicó que el proyecto reforma la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de la Democracia y otras normas.
Aplicación de mandato popular
En la consulta, el 55,12 % de la ciudadanía apoyó la opción sí, en respuesta a la pregunta: "¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”, según datos del Consejo Nacional Electoral.
