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En la Comisión de Justicia, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado explicó la situación de las personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, Cuenca; la política carcelaria nacional y el tema de hacinamiento.
La Secretaria de Estado mencionó que de acuerdo con datos históricos de 2006 el hacinamiento bordeaba el 120 %, siendo los centros una especie de bodegas humanas, donde no se diferenciaba a delincuentes peligrosos. Hoy está en la tercera parte (42 %), que tiene como principal incidencia la acumulación de penas por el delito de tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. “El objetivo es llegar a cero hacinamientos”, agregó.
Comentó que 36.046 personas se encuentran privadas de libertad por apremio, contravenciones y delitos, de los cuales el 92 % son varones, 26 % está por tráfico ilícito de estupefacientes y 1.170 son adolescentes infractores.
Caso Turi
Indicó que el 31 de mayo de 2016 se realizó un operativo de rutina en el pabellón de mediana seguridad, en el centro de Turi, donde se detectaron actos de maltrato contra los detenidos, sin respetar las reglas básicas del sistema penitenciario. Estos hechos fueron denunciados por el Ministerio de Justicia, lo que dio origen a una investigación previa y luego al inicio de una instrucción fiscal en enero de 2017. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal cambió el tipo penal de tortura por extralimitación de funciones. Posteriormente, el juez dictó sobreseimiento a favor de los 49 procesados.
“Hay posibilidad de apelar y esperamos que el asunto no quede impune y se pueda determinar responsabilidades”, expresó.
Además, informó que oportunamente la Unidad de Inteligencia Penitenciaria presentó un parte informativo a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional sobre la probable existencia de un grupo delictivo conformado por personas privadas de libertad y algunos familiares, que se habrían dedicado a extorsionar al interior de las cárceles, en particular en la de Turi, solicitando dinero a los detenidos o a sus familiares. De no hacerlo, les cambiaban de pabellón, golpeaban o eran sometidos a descargas eléctricas, fundas plásticas en la cabeza y aplicaban el método del camionetazo (agresión física en grupo).
Con estos antecedentes se pone en marcha el Operativo Victoria en todos los centros, mientras se formulan cargos por delincuencia organizada con fines extorsivos en contra de 24 personas. Este martes 19 de septiembre se dictó el llamamiento a juicio de todos los procesados, los que aparte de crimen organizado serían juzgados por fraude procesal, asesinato, asociación ilícita y tortura, dijo.
"Es fundamental verificar la responsabilidad de los que autorizaban, de manera verbal, el cambio de personas a los diferentes pabellones, en donde se ejecutaban las agresiones", expresó.
Observaciones
El asambleísta por Tungurahua, Luis Fernando Torres manifestó que la población carcelaria se ha triplicado de 2009 a 2017, de 10.000 a más de 36.000, por lo que urgen medidas efectivas para atender la demanda y enfrentar el hacinamiento.
Para Lourdes Cuesta, asambleísta de Azuay, quien pidió la comparecencia de la ministra de Justicia, lamentablemente existen redes de especialización de delitos en cárceles. Si bien es real el cambio de la infraestructura en Turi, los privados de libertad no cuentan con el servicio permanente de agua potable y otros básicos. También se mantendrían las prácticas de tortura, pues en la parte de las bodegas se habrían establecido calabozos.
Reformas COIP
Como segundo punto del orden del día, se recibió en Comisión General a Fernando Valdez, presidente de la Unión Nacional de Operadores de Transporte Comercial de Pasajeros de Taxi con Servicio Ejecutivo del Ecuador (UNATEC) y Napoleón Cabrera, presidente de Federación Nacional Cooperativas de Transporte de Carga Liviana y Camionetas (FENACOTRALI), quienes presentaron sus observaciones dentro del tratamiento a reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Adicionalmente, en esta sesión la ciudadana Enma Simbaña, residente del sur de Quito, participó como Asambleísta Por Un Día, iniciativa de participación popular que involucra a la gente directamente con el quehacer legislativo.
