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El informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción cuenta con informe favorable de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, mismo que se aprobó por unanimidad (10 votos afirmativos). El documento incluye cambios al Código Penal, así como a las leyes de Servicio Público, de la Contraloría, del Consejo de Participación y de Contratación Pública, entre otras.
La propuesta recoge las iniciativas del titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, y de los legisladores Mariano Zambrano, Encarnación Duchi, Juan Cristóbal Lloret, Wilma Andrade y Marcelo Simbaña.
Requisito de procedibilidad
La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la mesa, explicó que, según el informe, el requisito de procedibilidad, que no es otra cosa que el informe previo de la Contraloría para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, no se requerirá en la fase de instrucción fiscal, sino en la audiencia preparatoria de juicio como fundamento de la acusación fiscal.
“Hoy el Fiscal General del Estado puede investigar pero no formular cargos. De ser viable la reforma podría formular cargos y solicitar una medida cautelar como prohibición de salida del país, presentación cada 15 días ante el juzgador. Pero ciertamente, emitir un dictamen acusatorio requerirá un informe de la Contraloría”, argumentó.
Anunció que invitarán al contralor subrogante, Pablo Celi, a fin de que aclare la necesidad o no de contar con este requisito de procedibilidad.
Inhabilitaciones
La propuesta fija la suspensión de derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años para sentenciados en casos de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, tráfico de influencias y testaferrismo. Los jueces de forma obligatoria aplicarán la sanción.
Tampoco podrán volver a ejercer cargo público de por vida aquellos sentenciados por tales delitos, a lo que se sumaría la inhabilitación para contratar con el Estado.
Medida cautelar
Según el proyecto, recogiendo la inquietud del Defensor Público, la medida cautelar de prisión preventiva se aplicará como recurso de última instancia.
Asistencia jurídica
Se establece, además, acompañamiento y asistencia jurídica a los ciudadanos que presenten denuncias por actos de corrupción.
