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Justicia trata reformas en materia penal para sancionar actos de corrupción en emergencia

Jueves, 29 de octubre del 2020 - 12:00 Imprimir

En la sesión 123, la Comisión de Justicia, presidida por José Serrano, recibió a los parlamentarios Homero Castanier y Rosa Verdezoto, quienes sustentaron sus proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar actos de corrupción en períodos de emergencia y estados de excepción que afectan a la administración pública y a la comunidad ecuatoriana.    

José Serrano expresó que las propuestas, debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), van en la línea de lucha contra la corrupcion, cuyos temas son relacionados a la contratación pública en momentos de emergencia que se puedan dar en el país, para limitar la discrecionalidad que abre puertas a los actos irregulares.

Antivalor

En primer término, Homero Castanier lamentó que la corrupción se haya convertido en un antivalor en el país y se lo vea como algo normal. Planteó que se incorpore un inciso final al artículo 278 del COIP, con el propósito que los delitos de peculado cometidos dentro del sistema de salud pública sean castigados con el máximo de la pena, esto es es 13 años de privación de libertad.

Incremento de penas

Entre tanto, Rosa Verdezoto habló de consagrar el principio de responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos, además que los hechos de corrupción no queden en la impunidad. Aclaró que la propuesta va en la línea a aplicar el principio de responsabilidad de servidores públicos en el manejo de bienes del Estado, para que actos irregulares no queden en la impunidad.

Explicó que su iniciativa busca endurecer las penas para sancionar delitos como el tráfico de influencias, testaferrismo, usurpación y simulación de funciones públicas, abordando sanciones a servidores involucrados en delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho.

Así, propuso que las personas que actúen en las instituciones públicas en beneficio propio o de terceros y abusen, apropien o dispongan de bienes, muebles, inmuebles, dineros públicos y privados, título o documentos que estén en su poder en virtud de su razón o cargo serán sancionados con pena privativa de libertad de 13 a 17 años.

Además, que cuando sea un beneficio propio o de terceros y que esto signifique lucro o incremento patrimonial será sancionado con una pena privativa de libertad de nueve a 10 años; si existiere un aprovechamiento económico en beneficio de propios o terceros de estudios, proyectos, documentos, informes y demás documentos se aplicará igual pena, argumentó.

Inquietudes de comisionados

Héctor Muñoz y Franklin Samaniego coincidieron en la necesidad de especificar los fundamentos técnicos para una reforma que incrementaría las penas, evitando caer en un populismo penal. Samaniego consideró que se debe trabajar en la prevención del delito,  ya que el poder disuasivo de la pena y su endurecimiento no es suficiente.

A su vez, Henry Cucalón expresó que es pertinente definir normas más eficaces para evitar la impunidad y enfrentar la corrupción, pero que se requiere analizar la dosimetría penal. Recordó que la Asamblea aprobó en dos ocasiones el comiso anticipado, pero fue vetado por el Ejecutivo.

En la misma línea, Lourdes Cuesta mencionó que el Parlamento, dentro de las reformas al COIP, oportunamente, aprobó el comiso sin sentencia o anticipado, pero fue objetado por el Ejecutivo que incluyó la incautación de bienes.

El presidente Serrano ratificó el compromiso de luchar contra la corrupción. Sostuvo que en el marco de análisis de la reforma al Código Penal es fundamental insistir en el tema del comiso anticipado, promoviendo al respecto un debate público.

Abigeato

Previamente, la mesa recibió al parlamentario Ramón Terán, representante de la provincia de Los Ríos, quien pidió calificar al delito de abigeato como autónomo distinto al de robo, que afecta en gran medida a los ganaderos del sector rural; hay que endurecer las penas y eliminar medidas sustitutivas para estos casos, agregó.

Resolución

Por último, la Comisión de Justicia, acogiendo la moción de la asambleísta Rosa Orellana, resolvió que el proyecto de reforma al COIP sobre anticorrupción sea tratado dentro del proyecto unificado que versa sobre la misma materia.

MG/cz

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