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Autoridades de diversas instituciones del Estado comparecieron ante la Comisión de Justicia del Estado, con el fin de informar las acciones que han tomado para determinar las causas y posibles responsables de la muerte de Camila Aguilera Sierra, una joven ibarreña de 21 años, fallecida trágicamente el pasado 16 de junio al norte de Quito.
La asambleísta Jhajaira Urresta manifestó que se trata de un hecho que deja muchas inquietudes, pues se evidenció la falta de capacitación de los servidores públicos responsables de atender alertas y emergencias, a la vez denunció que no se levantó el respectivo parte policial, hecho que dificultó el proceso investigativo y corre el riesgo que haya impunidad.
En representación de la Fiscalía intervino Daniel Béjar, quien expresó que la investigación inició hace tres meses y por mandado legal la información tiene el carácter de reservada. “Aparentemente existe un mal procedimiento policial”, añadió.
De su lado, el Agente Fiscal de la Unidad de Género, Bormman Peñaherrera, que lleva la investigación, informó que se han dictado 11 impulsos fiscales con 77 diligencias investigativas, que han recabado versiones, recolectado evidencia digital y documental, inspecciones oculares técnicas y luego se hará la reconstrucción de los hechos una vez que se tengan las versiones de todas las personas. Reconoció que no existe el parte policial, solo el acta de levantamiento de cadáver.
La versión de la madre
Martha Sierra, madre de la víctima, reseñó que ha vivido cinco meses de dolor, no solo por la pérdida de Camila, sino que ha tenido que afrontar la indolencia de las instituciones del Estado, en especial la Dinased, por el mal procedimiento en el conocimiento del acto en que perdió la vida. Aseveró que el día del fallecimiento su hija tuvo una discusión con su pareja, quien antes de llamar a la Policía llamó a sus abogados. Por ello, solicitó a la comisión investigar al personal de la Policía que intervino en este procedimiento.
Nunca se guardó la cadena de custodia ni se cumplieron los procedimieintos que exige la ley, solo se aceptó la version del agresor, en el sentido que Camila se lanzó de la ventana, la investigación inició después de cuatro meses, enfatizó, al advertir que “esa noche no solo murió una hija, sino que destrozaron a una familia”.
La legisladora Johanna Moreira expresó su preocupación porque recién un mes después de la muerte se remite a la Fiscalía el acto administratvo de levantamiento del cadáver y después de casi tres meses, en octubre, el caso pasa a la Unidad de Género, mientras que Gissela Garzón advirtió que se evidencia que no hubo levantamiento de información y acompañamiento adecuados a la investigación, y que existen agravantes como el hostigamiento a la hermana de la víctima, a la vez que demandó mayor agilidad en las investigaciones.
De su lado, la asambleísta Sofía Espín afirmó que no se puede permitir impunidad en beneficio de los femicidas y violadores. José Chimbo manifestó que llama la atención la inoperancia e incapacidad institucional para atender este y otros casos, pese a que estan obligados a garantizar los derechos humanos, criterios que fueron compartidos por José Agualsaca. Dalton Bacigalupo sugirió alertar a la Fiscalía del Estado sobre la denuncia que recibió la comisión, en el sentido que el presunto femicida podría salir del país.
La mesa legislativa solicitó al Agente Fiscal que remita los nombres del personal de la Policía que intervino el 16 de junio, día en que falleció trágicamente Camila.
Las inasistencias
A la sesión también fue invitado el ministro del Interior, Juan Zapata, pero no acudió, así como el Comandante General de Policía, Fausto Salinas, quien presentó su excusa y la de Freddy Sarzosa, director de la Dinased, Emilio Ríos, también de la Dinased; Marco Pazmiño, jefe de Criminalística, David Salcedo. Los servidores policiales Kevin Pozo Mejía, David Quishpe y Juan Larco si bien estuvieron presentes en la sala se retiraron luego de conocer la excusa de su comandante.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo lamentó la excusa de Salinas, más aún si se cosidera que se trata de un caso de conocimieto público y que la Fiscalía adivritió que existen inconsistencias en los informes policiales, en especial de la Dinased, razón por la que volverán a citarlos.
En la sesión también participaron el defensor del Pueblo, César Córdova y delegados de la Secretaría de Derechos Humanos y del Sistema Integrado de Seguridad Ecu 911.
Al finalizar la reunión, la comisión resolvió compartir a la Fiscalía la denuncia presentada por la madre de la víctima, en el sentido que el presunto agresor intenta salir del país, a fin de que, de ser el caso, dicte las medidas cautelares y prohíba la salida del sospecho.
