Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
Junto a representantes de los frentes sociales y la sociedad civil de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad, en su cuarta mesa temática, revisó aspectos relacionados con la producción agrícola, ganadera y de comercio, que se establecen en las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos y que se analiza previa a la construcción del informe para segundo debate.
Tras la explicación del alcance y contenido del documento, los sectores organizados demandaron de una nueva Ley, fortalecer la capacidad de autoabastecimiento, soberanía alimentaria, bioseguridad, apoyo a los productores en la comercialización, a fin de manejar la competitividad y la optimización de las cadenas de valor.
El presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, recordó que la propuesta la han trabajado de manera responsable y planificada, con todos los sectores, por más de dos años y medio. Enfatizó que en las reformas no pueden considerarse disposiciones que vayan en contraposición con el artículo 135 de la Constitución que establece que solo el presidente de la República podrá presentar proyectos que modifiquen el presupuesto público.
Los asambleístas Washington Paredes, Eddy Peñafiel, Gabriela Cerda, aclararon que es una propuesta en construcción y presentaron su compromiso de trabajar juntos en beneficio de todos. Paredes mostró su preocupación en cuanto a la bioseguridad en la entrada de embarcaciones con grandes cantidades de carne bobina, perjudicando a los sectores agrícolas y ganaderos del sector. Lo mismo ocurre con el comercio, en donde les impusieron un sistema de carga de transporte en contenedores, no adaptado a la infraestructura de Galápagos, lo que ocasionó que los productos se encarezcan y traerlos del continente.
Desde la sociedad civil, Vinicio Andrade hizo observaciones al ámbito y al objetivo de la Ley. Dijo que hay que garantizar la soberanía del estado de Galápagos. Cree que se deben crear incentivos únicos para los residentes permanentes para que mejoren los servicios turísticos, la producción agroecológica y pesquera y su comercialización tanto al mercado interno como externo. Explicó que hoy no tienen el turismo y necesitan generar otras actividades productivas que permitan dar liquidez a su economía como son la agricultura y la pesca.
Las reformas son la estructura para cumplir con la sostenibilidad, la conservación, el desarrollo sustentable, el patrimonio de la biodiversidad y por otro lado, crear fuentes alternativas al desarrollo de Galápagos, apuntó.
La exasambleísta Angélica Andino, en su calidad de ciudadana, considera que la Ley no debe ser capricho de un determinado sector, sino, debe ser justa, en base a las necesidades de las grandes mayorías. Expuso su desacuerdo con el incremento del salario al sector público y privado con un índice de precio al consumidor (IPC); y, además que se dé paso a ideas que están en contra de la población, como es caso del régimen migratorio.
Denunció que en las Islas se están desbordando ciertos problemas, como el alto índice de violencia intrafamiliar, falta de acceso a la conectividad, salud y trabajo. Pidió se tome en cuenta al ganadero y pescador que no cuentan con instrumentos tecnológicos. También cree que es importante las voces de los mercantes.
De su lado, Diego Garcés, dijo que la zona rural necesita un mercado para comercializar sus productos y no depender de la región continental. Coincide en pedir la restricción de la importación de carne y otros productos porque se están desperdiciando en las Islas. Planteó dar seguridad alimentaria a los productores con herramientas necesarias.
De la Casa Legislativa de esa localidad, Carlos Mena y Santiago Naranjo, explicaron el trabajo en territorio, en el marco de la socialización del proyecto de Ley. Alrededor de 170 actores sociales han sido invitados a participar en la construcción de esta normativa. La Comisión continuará recibiendo las propuestas de los diferentes actores. Régimen Institucional y gobernanza será el próximo tema a abordarse en la mesa temática.
RSA/cz
