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La Comisión de Biodiversidad, presidida por el legislador Alberto Zambrano, en la sesión 043, enfocó su acción en el tema de retraso y disminución de las asignaciones del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y el Fondo para el Desarrollo Sostenible. Para tal efecto, recibió a autoridades del Ministerio de Energía, Petroecuador, gobiernos autónomos descentralizados, Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, entre otros.
René Ortiz, ministro de Energía, dijo que de enero a junio de 2020, acorde el artículo 60 de la Ley Amazónica, el cálculo se realiza en función del precio de venta, es decir, se calcula el 4 % del precio de venta por cada barril de petróleo comercializado en el mercado interno y externo, no menor de dos dólares en la participación de beneficiarios del Fondo de Desarrollo, más allá que el valor del barril sea inferior a 50 dólares.
Fondo Común
María Soledispa, viceministra de Energía, señaló que en el caso del Fondo de Desarrollo, la entidad hace el registro, constata la producción de cada una de las operadoras tanto de Petroamazonas como de las privadas y la liquidación, pero el tema de transferencias compete a Petroecuador, en función de lo que le entrega el Ministerio de Finanzas.
Expuso que respecto del pago de utilidades del 12 %, de acuerdo a la Ley, correspondiente al año 2019, que es una obligación de las compañías operadoras privadas de servicios hidrocarburíferos a favor del Fondo Común, de 48 millones se ha recaudado 39 millones y el ministerio está insistiendo en dicho pago.
Incluso, mencionó que las empresas pidieron a la Secretaría Técnica y al Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) un diferimiento de pagos, argumentado la situación de la pandemia y problemas con los oleoductos, cuya solicitud nunca fue aceptada.
Inquietudes de comisionados
En primer lugar, los comisionados rechazaron la inasistencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, a esta reunión de la mesa, por lo que se le fijará una nueva fecha y hora.
También exigieron del Ministerio de Energía ponga mano dura para que las empresas cancelen los valores por efectos de regalías del año pasado y que se presente un listado completo al respecto.
Coincidieron que el Art. 60 de la Ley Amazónica no admite ninguna interpretación en torno del Fondo para el Desarrollo Sostenible, que dispone la asignación equivalente al 4 % del precio de venta del petróleo extraído de la circunscripción Amazónica y que se comercialice en el mercado interno y externo, que incluye producción que se destina a la refinación para el consumo interno y la cuota correspondiente para la exportación. Por tanto, exigieron del Ministerio de Energía corregir procedimientos, de forma inmediata, que afectan la seguridad jurídica del país.
A nombre de la Comunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana (Conga), Consuelo Vega, compartió que no se justifica la interpretación sobre el tema de transferencias para el Fondo de Desarrollo Sostenible. Aseguró que a las seis prefecturas se les adeuda 45 millones y que los dineros no llegan de manera oportuna, ni completa.
Seguimos con las necesidades de siempre. Así se pronunció Víctor Carreño, presidente de los Gobiernos Parroquiales Rurales Amazónicos, quien demandó el cumplimiento exacto de la Ley sobre la extracción del crudo para el Fondo de Desarrollo y su distribución a municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
MG/cz
