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La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, presidida por Lenin Plaza Castillo, escuchó a Héctor Romero, viceministro de Desarrollo Rural; Juan Antonio López, subsecretario de Tierras y Territorios Ancestrales; y Francisco Ticina, coordinador Jurídico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes indicaron que la Secretaría de Estado cumple su función reguladora en materia de uso de suelo rural y el mantenimiento de la frontera agrícola.
Juan Antonio López, subsecretario de Tierras y Territorios Ancestrales, aseguró que el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Mejía, provincia de Pichincha, no ha solicitado el cambio de uso de suelo en una de las zonas de esa jurisdicción. De otro lado, en torno a Ordenanza Municipal sustitutiva, de 28 de octubre de 2016, dictada en contradicción con el artículo 6 de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, es nula de pleno derecho, por cuanto no se cumplieron los requisitos establecidos para el efecto.
Añadió que, en el caso específico del predio de la compañía Agropamba S.A., ubicado en la vía Alóag-Santo Domingo, no se realizó ningún proceso de aprobación del cambio de uso de suelo de agrícola a industrial. Por consiguiente, si no se ejecuta ningún trámite al respecto, en un plazo de 12 meses, contado a partir de la autorización, dicho permiso queda sin efecto.
Otras comparecencias
Inicialmente, el organismo legislativo recibió a Orlando Tipán y Ramiro Hidalgo, representantes de la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi residentes en Quito (Unoric), ubicada en la parroquia Cutuglahua del Cantón Mejía, quienes denunciaron el intento de despojarlos de sus tierras, que fueron adquiridas legítimamente, desde hace más de 15 años. Se trata del predio de la antigua Hacienda Santa Catalina.
Enfatizaron que se trata de tierras que perdieron su aptitud para la agricultura y que fueron compradas por esta organización para dotar a sus socios de una vivienda digna. “Hemos tenido muchos enfrentamientos con la Policía y las autoridades de la Alcaldía del cantón Mejía y lo que queremos es que se haga justicia, porque estas tierras ya no pueden ser utilizadas en actividades agrícolas, sino que deben cambiar el uso de suelo urbano para garantizar nuestro derecho a la vivienda”, insistieron.
De su lado, Luci Venegas, representante de la Asociación de Productores Agropecuarios Rumipamba (Asoprarum), ubicada en la parroquia de Uyumbicho, también en el cantón Mejía, indicó que tienen la documentación que los acredita como legítimos propietarios de sus tierras, que fueron entregadas mediante adjudicación en 2015; sin embargo, hoy aparece un supuesto dueño, de apellido Arnaus, que reclama la propiedad de esos terrenos.
Agregó que los socios de la organización Rumipamba han invertido mucho dinero en el sector. No obstante, si las autoridades del Ministerio de Agricultura, que fueron quienes avalaron, en su momento, la adjudicación de las tierras hoy les quitan la tenencia, quién les va a devolver el dinero invertido, fruto de un arduo trabajo.
Finalmente, el titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, tras agradecer por la información de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como las inquietudes de los representantes de las dos organizaciones sociales que asistieron a la sesión de la mesa, hizo extensivo el compromiso de los legisladores por continuar con el control político del tema relacionado con la adjudicación de tierras y el reconocimiento de los derechos que asisten a los legítimos propietarios y posesionarios de lotes con vocación agrícola o destinados a vivienda social.
EG/cz
