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La Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Antonio Posso, Paulina Padrón, Rita Matías, Guadalupe Salazar y Zobeida Gudiño para realizar una visita in situ a las comunidades Paufí y Guayacanes, en la parroquia Montalvo, cantón Río Verde, para analizar la orden de desalojo efectuada por el ciudadano español Christopher Carrión Hernández, supuesto propietario de las tierras.
De acuerdo con la presidenta de la comisión, Zobeida Gudiño, ante la orden de desalojo interpuesta por el ciudadano español, se solicitó a todas las instituciones involucradas los informes respectivos, hasta el 17 de diciembre, para analizar el proceso. Una vez que la documentación sea entregada la subcomisión se trasladará a territorio para iniciar la investigación.
El alcalde del cantón Río Verde, Dubal Guisamano, informó que en las comunidades Paufí y Playa Guayacanes construidas sobre 11 hectáreas, nueve de las cuales son solicitadas por el ciudadano español, hay familias que habitan alrededor de 30 y 40 años, por eso pedimos que a esas familias humildes que han logrado construir sus casas en tantos años les dejen vivir en paz, reiteró.
Los representantes de las comunidades, entre ellos Domingo Hurtado y Beatriz Cevallos, explicaron las condiciones en que viven los pobladores, quienes actualmente, cuentan con escuelas, iglesia, camino vecinal, luz eléctrica, reservorio de agua, entre otras obras. No obstante, actualmente no nos permiten hacer nuevas obras porque dicen que esas tierras no son nuestras, aseveraron.
El abogado de los perjudicados, Líder Zambrano Loor, explicó que después de presentar toda la documentación requerida fue aprobada la lotización Playa Guayacanes, para estar organizados y tener una mejor convivencia social, en mayo de 2008, la misma que cuenta con 110 solares y áreas de recreación, de los cuales 46 personas tienen escrituras públicas individuales y el resto sigue en grupo. Sin embargo, en mayo de 2013 iniciaron las solicitudes de desalojo y en diciembre de 2014 se resuelve ordenar el desalojo, sin tomar en cuenta todas las pruebas presentadas anteriormente que demostraban que las tierras han sido adquiridas legalmente, por lo que solicitamos que se analicen las escrituras para que prevalezca la justicia y solucionar este problema, acotó.
Finalmente, la vicepresidenta de la comisión, Guadalupe Salazar, destacó la importancia de conformar la subcomisión para ser veedores de la situación y defender los derechos humanos y colectivos de los afectados.
