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La Sesión N.052 de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social se desarrolló la tarde del lunes 19 de enero de 2026, bajo modalidad virtual, con la participación de asambleístas, ciudadanía conectada a través de los canales oficiales y representantes de organizaciones, federaciones, asociaciones y gremios vinculados a las Fuerzas Armadas.
En el marco del debate del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y previo a la elaboración del informe para el primer debate en el Pleno, la Comisión recibió en comisión general a quienes fueron debidamente acreditados con el propósito de exponer sus criterios, observaciones y aportes técnicos al texto legal en discusión.
La sesión se instaló una vez constatado el quórum reglamentario, destacándose la importancia institucional del proceso. Desde el inicio se estableció un ambiente de apertura y diálogo, donde la pluralidad de voces se convirtió en un insumo fundamental para la construcción legislativa.
Las organizaciones convocadas presentaron criterios que abarcaron aspectos jurídicos, administrativos, constitucionales, operativos y de representatividad interna del sistema de seguridad social militar. Durante las intervenciones se señalaron inquietudes respecto a la composición del Consejo Directivo, la participación del personal en servicio activo, la interpretación normativa, los requisitos para integrar órganos directivos, así como temas relacionados con aportaciones, derechos adquiridos y sostenibilidad del sistema.
Cada intervención reflejó la visión del sector al que representaba, evidenciando que el régimen especial de seguridad social militar no solo es un sistema financiero y administrativo, sino también un componente de identidad institucional, trayectoria de servicio y garantías sociales para quienes han dedicado su vida a la defensa del país.
La Comisión agradeció la presencia y la colaboración de los representantes y reiteró que las observaciones ciudadanas e institucionales serán consideradas en la elaboración del informe para el primer debate, con el objetivo de construir un texto equilibrado, técnicamente sólido y respetuoso de los derechos constitucionales.
La participación de diversos actores demuestra el compromiso con un proceso legislativo transparente, inclusivo y orientado al diálogo. Espacios como este fortalecen la función democrática y permiten que las normas se construyan escuchando a quienes serán directamente alcanzados por sus efectos.
