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En el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió al asambleísta Camilo Salinas en comisión general. Durante su intervención, el legislador presentó los objetivos y el alcance de su propuesta, que busca incorporar la figura de la expulsión del territorio ecuatoriano como sanción para extranjeros condenados por delitos graves.
El asambleísta Salinas recordó que su bancada presentó un conjunto de reformas legales el pasado 8 de enero de 2024, abarcando tanto enmiendas constitucionales como modificaciones a normativas vigentes. Si bien varias de estas iniciativas fueron acogidas por el Gobierno Nacional, una de ellas fue rechazada por la Corte Constitucional, que determinó la necesidad de procesarla como una reforma legislativa.
La propuesta de reforma al artículo 147 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece la expulsión de extranjeros condenados por delitos que atentan contra la vida, la integridad personal, la libertad, la integridad sexual, el medio ambiente o la propiedad, tanto pública como privada. Este procedimiento se aplicaría únicamente tras una sentencia judicial firme y conllevaría la prohibición de ingreso al país por un período de 15 años después de cumplida la pena impuesta.
Sin embargo, la iniciativa contempla excepciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y la unidad familiar. No se dispondrá la expulsión en casos donde los extranjeros estén casados o mantengan una unión de hecho con ciudadanos ecuatorianos, o tengan hijos ecuatorianos reconocidos antes de cometer el delito.
Con esta propuesta, el legislador busca fortalecer la normativa migratoria del país, asegurando que las sanciones para quienes cometan delitos graves no solo respondan a criterios de justicia, sino también a la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y el orden público.
La Comisión continuará con el análisis técnico de la propuesta, evaluando su viabilidad y alineación con los estándares internacionales de derechos humanos y las garantías constitucionales del Ecuador.
