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Comisión analiza reforma sobre expulsión por cometimiento de delitos graves en el Ecuador

Miércoles, 20 de noviembre del 2024 - 14:44 Imprimir

En el desarrollo de la sesió #66, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió al viceministro de Relaciones Exteriores (e), Saúl Pacurucu, junto a representantes de la subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares y de la Comunidad Ecuatoriana Migrante. La reforma en discusión propone modificaciones al artículo 147 de la ley, enfocándose en la expulsión del territorio ecuatoriano de personas que hayan cometido delitos graves, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante su intervención, el viceministro Pacurucu respaldó el propósito general de la reforma pero señaló aspectos críticos que requieren ajustes. Uno de los puntos destacados fue la limitación en el alcance de la propuesta, al basarse en una lista específica de delitos graves, lo que podría restringir su efectividad. Además, advirtió que la redacción actual no es congruente con el artículo 61 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prevé penas de hasta 10 años, frente a los 15 años considerados en la reforma.

Pacurucu también subrayó la necesidad de coordinar este tipo de reformas con otros organismos competentes, como el Ministerio del Interior, para garantizar una aplicación integral y efectiva. “El éxito de esta reforma radica en su coherencia con el marco jurídico nacional y en una acción interinstitucional que respalde su implementación”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Jonathan Parra, manifestó que se convocará próximamente a un experto penalista para profundizar en los aspectos legales y evitar posibles problemas de inseguridad jurídica. Parra insistió en que cualquier reforma debe ser exhaustiva y garantizar tanto la protección de la ciudadanía como el respeto al debido proceso.

Este debate se enmarca en el compromiso de la Comisión de impulsar normativas que fortalezcan la seguridad, respeten los derechos humanos y mantengan coherencia con el sistema legal ecuatoriano. La propuesta continuará en análisis para consolidar una solución que responda de manera efectiva a los desafíos actuales.

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