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Con 6 votos afirmativos, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe de fiscalización de seguimiento a las entidades responsables de vigilar el proceso de deportación y reinserción económica y social, sostenible y de largo plazo de los ciudadanos ecuatorianos deportados, en cumplimiento de la Resolución N.° RL-2023-2025-166, del 05 de febrero de 2025, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional.
El informe destaca que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en coordinación con diversas instituciones del Estado, ha implementado acciones para garantizar los derechos de los migrantes retornados. Se resalta la labor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la protección para grupos vulnerables, así como la del Ministerio del Interior, en la seguridad de los retornados antes, durante y después de su llegada al país.
Así mismo, el Ministerio de Salud Pública prioriza la atención médica y psicológica a los migrantes retornados, con énfasis en grupos de atención especial. Mientras que, el Ministerio del Trabajo impulsa programas para facilitar su acceso al empleo y fortalecer su capacitación laboral. En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha establecido mecanismos de asesoramiento permanente y asistencia en aeropuertos, además de fomentar la coordinación interinstitucional para la defensa de sus derechos.
En conclusión, el informe determina que las entidades han adoptado medidas para garantizar un retorno digno y respetuoso de los derechos constitucionales de los ecuatorianos migrantes y recomienda al Pleno del Parlamento aprobar el presente informe y archivar el proceso de fiscalización en este caso.
Participación de asociaciones migrantes
En otro orden, en relación del tratamiento de los proyectos de ley unificados mediante la Resolución Nro. 002-2023-2025, la mesa legislativa recibió en comisión general a Anabela Meza, de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México; Florentino Ludeña, de la Asociación Agropecuaria Ecuador Murcia (ECUAMUR) - Alianza Migrante; e, Israel Monsalve, de la Fundación Vida-Alianza Migrante, quienes expusieron sus propuestas y preocupaciones sobre la situación de los ecuatorianos en el exterior y los migrantes retornados.
Anabela Meza destacó que la migración no debe ser vista como un problema, sino como un derecho humano fundamental, por lo que planteó la necesidad de que los propios migrantes sean protagonistas en la construcción de las políticas que los afectan.
En este sentido, propuso una mayor representación de los ecuatorianos en el exterior en instancias gubernamentales y la asignación de un presupuesto específico para garantizar servicios consulares eficientes y la protección de sus derechos en áreas como justicia, salud y educación.
De su lado, Florentino Ludeña hizo hincapié en la necesidad urgente de fortalecer el asesoramiento jurídico para los ecuatorianos en el exterior y los migrantes retornados. Por lo que, sugirió la creación de un registro único de migrantes, que permita agilizar trámites administrativos y financieros, además de facilitar el acceso a beneficios económicos y créditos para quienes regresan al país.
Luego, Israel Monsalve reiteró que “migrar es un derecho humano” y que ninguna persona debe ser considerada ilegal por su situación migratoria. Destacó que, aunque Ecuador cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en materia de movilidad humana, su aplicación aún presenta vacíos que requieren ajustes.
En este contexto, planteó la simplificación de trámites para niños, niñas y adolescentes no acompañados, víctimas de trata y personas en situación de vulnerabilidad, así como la eliminación de barreras administrativas que dificultan su protección y también, sugirió la realización de un censo migratorio anual y la ampliación de las causales para la obtención de visas humanitarias.
