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Dentro de la sesión No. 105, en razón al "Informe sobre la Resolución que exige mayor cobertura por parte del Estado en los servicios para compatriotas que requieren patrocinio en el extranjero y repatriación de restos mortales", elaborado por la Unidad de Control y Ejecución Presupuestaria del Estado, se recibió la comparecencia del abogado Jorge Sosa, Coordinador General de la Unidad de Técnica Legislativa. Al respecto, su delegado Andrés Moyón, indicó que se trata de un informe con corte a 31 julio, sobre los requisitos, financiamiento y colaboración con Cancillería para la repatriación, considerando el presupuesto determinado con 3 componentes del presupuesto (asignado, codificado y devengado), puesto que se trata de componentes que reciben modificaciones conforme Cancillería considere necesario, de acuerdo a las solicitudes y asistencia a ecuatorianos que lo requieran. La ejecución ha sido del 100% a pesar de las variaciones en valores del servicio por diversos factores, mismo que presta asistencia a ciudadanos ecuatorianos privados de libertad en el exterior, da información y acompañamiento a sus familiares para garantizar el ejercicio de derechos. En el ejercicio fiscal 2022 la asignación presupuestaria es de 142.483,59USD.
Sobre este punto, el As. Ángel Maita, mocionó recibir al Canciller, Juan Carlos Holguín, para que informe las cifras correspondiente a repatriaciones y asistencia a ecuatorianos residentes en exterior, como parte de sus comparecencias trimestrales, moción que se aprobó por unanimidad.
Como segundo punto de la agenda, se avocó conocimiento del "Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio a la Ley Orgánica de Movilidad Humana-Sentencia Corte Constitucional 1214-18-EP/22", remitido a la Asamblea Nacional por el doctor César Marcel Córdova Valverde, Defensor del Pueblo (E). Para su tratamiento se recibió las comparecencias de autoridades y sus delegados, El Mgs. Pablo Araujo, Especialista de Políticas Públicas expone el Proyecto Reformatorio, se conecta con la sentencia 335 de la Corte Constitucional, puesto que ya se había notificado a la Asamblea Nacional, en una primera instancia para realizar las reformas, por lo que realizó la convocatoria para sociedad civil, a la Defensoría Pública y organismos internacionales, junto con observadores técnicos, lo que dio como resultado el Proyecto Reformatorio, enfocado en la defensa de los derechos de personas en movilidad. La entidad precisó que en el cuerpo normativo, debe prevalecer la defensa de derecho a la información, comunicación, acceso a justicia, defensa, libertad personal, seguridad personal o familiar; en especial, los derechos de niños, niñas y adolescentes que ingresan a Ecuador con atención especializada.
Los legisladores enfocaron sus cuestionamientos en la ejecución presupuestaria, la predisposición de las embajadas y consulados para prestar asistencia a los migrantes escuatorianos que no cuenten con los recursos; así como la situación que muchos migrantes viven en los aeropuertos.
