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Se instaló la sesión No. 112 para el tratamiento y análisis del articulado para segundo debate del Proyecto de Ley Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y recibir las comparecencias del Ministerio del Interior y la Secretaría de Derechos Humanos. Al respecto, el equipo asesor realizó la exposición sobre el articulado de Proyecto de Ley, incluyendo el nudo crítico sobre el ente encargado de la política pública, entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Derechos Humanos, de acuerdo a propuestas de algunos legisladores, acogiendo también las las modificaciones que se plantearon en las mesas técnicas, exponiendo temas sobre regularización migratoria, la difusión de servicios de atención de víctimas de trata y ente rector, elaboración de política pública de prevención.
La delegada del Ministerio del Interior, Katherine Herrera, Dirección Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, indicó que este es el ente rector que abordan estos dos delitos que nacen del crimen organizado transnacional; mencionando normativa internacional y nacional que aporta a esta institución como ente rector y combatir esta economía delictiva a nivel mundial, dando lugar a 160 billones con fines de explotación sexual y laboral y sigue creciendo a nivel internacional, junto a factores de riesgo sociales, económicos, culturales. Resaltó las actividades ejecutadas como políticas públicas y acciones, a fin de proteger a las víctimas y trabajar en un eje de seguridad, incluyendo la prevención, investigación e inteligencia y enfoques de protección de DDHH y planes a largo plazo.
Igualmente, intervino Christian Matute, delegado de la Secretaría de Derechos Humanos, quien llamó a revisar las competencias y responsabilidades que tiene la institución para dar respuestas oportunas, al considerar que se tratan de delitos que afectan a las comunidades y afectaciones en el diario vivir de las víctimas y que en muchos de los casos no tienen la conciencia de serlo; detalló las acciones tomadas por la Secretaría con las víctimas, junto a planes de acción basados en los principios de no revictimización y priorizando la garantía de los DDHH para fortalecer las instituciones y la vinculación con la sociedad.
El legislador Fernando Cedeño precisó que es un Proyecto de Ley que contó con la participación de sociedad civil y otras instituciones, considera preciso indicar que el ente rector debe ser la Secretaría de DDHH por un tema de enfoque y competencias, evitando conflicto de intereses y enfoque punitivo, por lo que propone que en el Art. 6 y 7 se mantenga la Secretaría y se reforme el Art. 16 y 17 donde se habla de mesas técnicas, a fin de dividirlas asignarlas bajo la conducción de instituciones que correspondan, ya sea la Secretaría o el Ministerio del Interior, por lo que se debe precisar.
En este sentido Mónica Palacios consulta de qué forma esta Secretaría va a judicializar los hechos que constituyen estos dos delitos. Mientras que los asambleístas Marjorie Chávez, Patricio Cervantes señalaron la necesidad de contar con institucionalidad para combatir estos dos delitos, pues la Secretaría no debe asumir la rectoría, siendo una acción irresponsable al no contar con fortalezas institucionales y recursos; ni abordar la prevención y seguridad; sin dejar de lado a la Secretaría para asistencia a las víctimas; asimismo, Jessica Castillo expresó que llama su atención el cambio que se generaría, sobre todo el trabajo que se ha construido en Ministerio de Interior para trasladarlo a otra institución.
Finalmente, Juan Fernando Flores exhortó a considerar la visión y preocupación de si el Ministerio del Interior tiene la capacidad para ejecutar el trabajo porque se puede evidenciar que existe un trabajo orgánico, de largo plazo, el cual genere una complicación que se refleje en la ausencia de avances.
