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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral continúa el análisis de la crisis penitenciaria en el Ecuador. En esta ocasión invitó a las autoridades de la Función Judicial. El presidente de la mesa, Ramiro Narváez, advirtió que lo que sucede en los centros de rehabilitación social (CRS) tiene repercusión en las calles.
Remarcó que la Asamblea genera estos procesos de fiscalización no para censurar, sino para detectar necesidades y reformar las leyes. Indicó que es necesario trabajar de manera coordinada para que las instituciones se fortalezcan. Así mismo, reseñó varios problemas en el sistema penitenciario, como el abuso de la prisión preventiva, tardanza en otorgar beneficios penitenciarios, corrupción, entre otros.
Comparecencias
Ángel Torres, defensor Público, sostuvo que la institución garantiza el derecho a la defensa de todas las personas que requieran el patrocinio de un abogado, con el fin de ejercer la defensa técnica de sus causas judiciales, siempre protegiendo el debido proceso y los derechos de nuestros usuarios. Por tanto, dijo, el trabajo de los defensores públicos se refleja en la interacción con los privados de libertad en los distintos centros de rehabilitación social de todo el país.
Remarcó que entre enero y junio de 2021 los defensores públicos gestionaron 5.209 causas (13% de la población penitenciaria), cifra que supera el 15% a las atenciones gestionadas en el mismo periodo en el 2020.
Nudos críticos
La Defensoría Pública detalló varios nudos críticos que entorpecen el normal desenvolvimiento de los procesos penitenciarios, uno de ellos es el uso excesivo de la prisión preventiva, demora en el señalamiento de audiencias para solicitud de beneficios penitenciarios, la inexistencia en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) de una herramienta tecnológica para acceso a la información en tiempo real que garantice la transparencia y genere alertas cuando un privado de libertad, podría acceder a un beneficio penitenciario o está por cumplir la condena.
A la Comisión también acudió la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien sostuvo que la institución creó en septiembre de 2019 las Unidades Judiciales Especializadas en Garantías Penitenciarias en Guayaquil, Latacunga, Cuenca y Portoviejo. Explicó que dichos jueces tienen la obligación de sustanciar lo que se relaciona con los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL), en el cumplimiento de la pena.
Remarcó que durante el estado de excepción se generaron 20.540 boletas de excarcelación emitidas a través del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).
Los comisionados también recibieron al fiscal subrogante Wilson Toainga, quien comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de competencias específicas para coordinar acciones tendientes a crear, evaluar y/o monitorear la política pública del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
Afirmó que la Fiscalía dirige el Sistema Nacional de Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt) y realiza coordinaciones con el SNAI para la efectiva protección de las personas privadas de libertad que formen parte del Spavt.
Señaló que al interior de los Centros de Rehabilitación Social es necesario ejecutar varias acciones, entre ellas, que el organismo técnico se mantenga activo y ejecutando sus obligaciones, que las cámaras de vigilancia en todos los centros estén activas, que se establezcan mínimos estándares de seguridad para que los funcionarios de la función judicial (FGE) puedan realizar las diligencias necesarias al interior de los CRS, reforzar o replantear la carrera penitenciaria para evitar la corrupción al interior de los centros, revisar salarios, estructura y turnos adecuados de los agentes penitenciarios.
En tanto, la Defensoría del Pueblo estuvo representada por Ángel Valenzuela, quien hizo un diagnóstico del sistema carcelario. En tal sentido, habló sobre hacinamiento, falta de infraestructura, personal administrativo y de salud, deficiente alimentación, entre otros aspectos. Indicó que ha habido una política de Gobierno para la atención de los CRS, más no una política pública que permita cambiar el sistema.
Gabriela Hidalgo, funcionaria de la Defensoría remarcó que los principales tipos de infracción en los CRS están relacionados con drogas, delitos contra la propiedad, integridad sexual y reproductivos y contra la inviolabilidad de la vida. Así mismo, sostuvo que las principales problemáticas detectadas en los Centros de Privación de Libertad entre 2018 y 2020 son el desconocimiento de normas internas, insatisfacción por el servicio de alimentación, inexistente espacio para visitas íntimas, personal de seguridad insuficiente, deterioro de infraestructura, hacinamiento, entre otros.
También presentó posibles soluciones para la atención de los CRS, una de ellas es fortalecer el trabajo del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, empezando por definir el presidente del directorio y ampliando la incidencia de la política pública. También planteó el diseño e implementación de una política pública que aborde, de manera integral, las problemáticas estructurales del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, desde un enfoque de derechos humanos y considerando los enfoques de igualdad.
Por último, sugirió gestionar con el Ministerio de Finanzas los recursos necesarios para atender, de manera gradual, las problemáticas estructurales que aquejan a dichos sistemas.
