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La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral continuó la tarde de este viernes 30 de julio la revisión de la situación del sistema penitenciarios del país. Para ello recibió las versiones de la Secretaría de Derechos Humanos, de los agentes penitenciarios y de expertos en el tema. El objetivo es diagnosticar y generar planes de acción y coordinación para cambiar la realidad de este sector.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, quien recalcó que el respeto a los derechos humanos es fundamentales en este problema que que requiere a intervención de todas las instituciones.
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, habló de las competencias y su marco de acción. Subrayó que articulan la política pública en derechos humanos y que en esta materia trabajan en la capacitación permanente de a los funcionarios del sistema nacional de rehabilitación social.
El asambleísta Jorge Pinto planteó instalar mesas técnicas articuladas de trabajo. Mientras la legisladora Geraldine Weber consideró que estas comparecencias deben servir para aunar esfuerzos institucionales hacia una cultura de paz, con acciones puntuales e inmediatas.
En tanto, la parlamentaria Patricia Núñez consultó sobre el trabajo en asistencia psicológica y social de los familiares de las personas privadas de la libertad que han fallecido en la cárcel. Presentó su preocupación en el proceso de prevención. El asambleísta Guido Chiriboga recordó la responsabilidad del SNAI, con sustento en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 560.
En su turno, el presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, Cristian Peñaherrera, expuso los problemas que tienen dentro del sistema de rehabilitación social y el rol de los agentes penitenciarios. Desde el año 2013, la Policía Nacional es la institución que está a cargo del control del perímetro externo. “Los directores de los centros han sido ubicados por compadrazgos”, advirtió.
Sostuvo que no cuentan con protección, con armas, ni resguardo policial cuando se trasladan de un lugar a otro.
De su lado, Alicia Borja representante de las Mujeres Agentes de Seguridad Penitenciaria cuestionó las “malas decisiones de las autoridades, privilegios a varios internos, entrega de llaves” y otros hechos. Aseguró que “la Fuerza Pública se encarga de todos los filtros”. Asimismo dijo que son discriminadas y estigmatizadas y que son expuestas a amenazas y extorsiones.
El presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, Carlos Ordóñez señaló que lamentablemente la corrupción se ha enquistado en muchas áreas. Indicó que son aproximadamente 1500 agentes de seguridad divididos en tres turnos de jornadas laborales entre 24 y 36 horas continuas para una población penitenciaria de casi 40.000 personas.
Propuestas
Representantes de los servidores penitenciarios sugirieron generar sistemas de capacitación, apertura de los centros para veedores encargados de velar por los derechos humanos. Wilson Columba subrayó que el actual sistema penitenciario no tiene, ni brinda ninguna garantía a sus funcionarios.
Recomendó formar y capacitar a los agentes y fomentar el respeto mediante vías disciplinarias óptimas respetando los derechos humanos.
Raúl Tapia, Jhony Cadena y Daniel Pineda, del grupo se agentes de seguridad penitenciaria del Ecuador, formados por la Escuela del Ejército presentaron propuestas bases del proyecto de Reestructuración del Sistema Carcelario. Jhony Cadena dijo que tras un estudio de varios años consideran que se debe transformar el sistema carcelario en una entidad autónoma y autosustentable, con bajo presupuesto.
Indicó que entre los problemas consta la falta de agentes de seguridad penitenciaria, débil estructuración del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria, escasa autonomía del sistema carcelario, insuficiente rehabilitación social y la falta de estrategia de reinserción de los privados de libertad.
Antecedentes
La Comisión Legislativa inició la investigación de esta problemática hace dos meses con la presencia de las entidades vinculadas al sistema penitenciario: Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), Policía Nacional, Ministerios de Gobierno, Salud y Gobierno; agentes penitenciarios; familiares de los privados de la libertad, Ongs, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública.
