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La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte avocó conocimiento de la objeción parcial por inconstitucional y por inconveniencia al proyecto de Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, notificado el 19 de noviembre de 2024. La iniciativa fue aprobada en segundo debate, por la Asamblea Nacional, el pasado 17 octubre con el respaldo unánime.
Ante esta situación, el equipo asesor expuso el cronograma, procedimiento legal y el plazo máximo para el tratamiento de la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto aprobado.
Según lo explicó la asesora parlamentaria Justina Zambrano, dado los procedimientos establecidos en los artículos 138 y 139, de la Constitución; 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y, 131 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la comisión tiene previsto contar con el dictamen de la Corte Constitucional hasta el lunes 30 de diciembre máximo; y, el plazo para entregar las objeciones parciales por inconveniencia hasta el jueves 30 de enero 2025.
Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, este será archivado, y si esta fuera parcial, el proyecto será devuelto a la respectiva comisión especializada de la Asamblea Nacional para que realice los cambios necesarios.
Si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su publicación.
La Corte Constitucional emitirá su dictamen en el plazo de treinta días constados desde la remisión de la documentación.
El Ejecutivo envió siete objeciones por inconstitucionalidad y 14 por inconveniencia. En las de inconstitucionalidad, señala que la creación de un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos adicional o paralelo al Sistema Nacional de Salud vulneraría el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución; segmenta y fracciona al Sistema Nacional de Salud, ocasionando su debilitamiento; además, la coexistencia de sistemas requeriría de distintas modalidades de financiamiento, funcionamiento, afiliación y provisión, cuestiones que no han sido consideradas en el proyecto de ley.
