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El proceso de subasta inversa para la compra de medicamentos para este año fue ampliamente analizado esta mañana en la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, a la que acudió Juan Pablo Bermeo, director general subrogante del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien aseguró que se trata de un proceso exitoso que le ahorra al país alrededor de 113 millones de dólares.
Esta es la segunda subasta inversa que se realiza, la primera fue en 2011 y según explicó Bermeo, esta vez se superaron las falencias registradas en la anterior y se cumplen las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, especialmente en la selección de proveedores, pues se quitó la exclusividad para las empresas nacionales, lo que abrió la competencia de manera más amplia. “Con la exclusividad a proveedores nacionales lo que se hizo es incentivar las malas prácticas de contratación. Esta vez, aunque la industria nacional tiene preferencia, ya no tiene exclusividad”, dijo Bermeo.
Calidad
Dentro del análisis, los asambleístas plantearon sus dudas sobre los mecanismos que se usan para verificar la calidad del producto y quedó claro que los medicamentos deben tener Registro Sanitario y una vez que pasan esa prueba se hacen verificaciones que cumplan lo establecido. “Es necesario velar para que el proceso de entrega de medicamentos en los hospitales respete la norma”, aseguró la asambleísta Blanca Argüello, quien también pidió a la comisión que solicite la comparecencia de los directivos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), para que expliquen de qué manera se hace la vigilancia y el control. “El proceso debe transparentarse para que los ciudadanos conozcan qué es lo que consumen”, insistió Blanca Argüello.
Participación ciudadana
La subasta siguió un proceso sin precedentes. Se hicieron 11 consejos consultivos, se fijó una metodología para establecer precios, se armaron comités de usuarios y trabajaron con los observatorios de salud. Además instalaron conversatorios ciudadanos, en los que se recibieron insumos para adherir consideraciones técnicas. “El 95% de los procedimientos se ganó por una puja exitosa. Estos resultados muestran que hubo confianza en los participantes, con competencia efectiva. Existe un ahorro de hasta el 58%, lo que muestra que se cumplió objetivo. Se logra la dispersión interna de precios, se protege el empleo y mejora la producción interna”, aseguró Bermeo.
Hasta el momento 200 medicamentos están adjudicados, 156 en verificación de documentación habilitante, 25 todavía tienen un período de entrega de documentación hasta el 4 de julio y 9 bajo otros mecanismos. Sin embargo, en julio las unidades de salud podrán adquirir la totalidad de los medicamentos a los adjudicados. En el proceso participaron 176 empresas y laboratorios nacionales y 89 internacionales.
MC/pv
