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María Fernanda Román, experta en identificación de productos falsificados, explicó la problemática e impulsó la reforma que tipifica y aumenta las sanciones por comercializar medicamentos caducados, falsificados y adulterados.
También respaldo la propuesta del Ministerio de Salud para aumentar la pena por este tipo de delitos de 5 a 8 años, mientras que la ley actual prevé privación de la libertad de 3 a 5 años.
Explicó que buscan una reforma, cuyo texto esté mejor redactado, tenga más definiciones y se pueda realmente sancionar a los delincuentes con un artículo nuevo. Según Román, en Colombia estos delitos son sancionados con penas de 5 a 10 años y en Perú hasta 15 años.
La experta aseveró que estos hechos perjudican a las personas y al Estado, porque es un mercado ilegal que no produce ni paga impuesto. Tampoco aporta valor agregado para el Estado. “Es un delito de salud pública que puede causar hasta la muerte del paciente”. informó.
Asimismo, dio a conocer que las autoridades competentes trabajan en identificar el mercado ilegal. “Las fábricas y laboratorios clandestinos que realizan este tipo de productos se instalan en casas, en condiciones muy lamentables de producción”, afirmó.
Aclaró que un medicamento falsificado puede ser de marca o genérico. “El medicamento falsificado no cumple con ninguna condición de calidad ni de eficacia para el paciente” subrayó.
RSA/pv
