A fin de avanzar con la investigación y esclarecer los hechos relacionados con la denuncia del Portal La Posta, la Comisión del Derecho a la Salud invitó para este miércoles, 5 de junio, a las 08:00, a varios actores, quienes brindarán una respuesta técnica, en torno a los kits de pruebas rápidas para detección del virus del VIH/SIDA.
Según la denuncia del referido medio digital, la entidad rectora de la salud habría permitido que medicamentos e insumos de mala calidad y contaminados hayan sido utilizados en diferentes unidades de salud pública.
El organismo legislativo escuchará a Efraín Soria, director Ejecutivo de la Fundación Equidad; Fausto Vargas, secretario General de la Coalición Ecuatoriana de Personas Viviendo con VIH (Cepvvs); Amira Herdoíza, directora Ejecutiva de la Corporación Kimirina; y, Juan Carlos Galarza, exdirector Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa).
Sobre el tema, la Comisión Legislativa recibió, el miércoles 29 de mayo, a la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, quien afirmó que la salud de los ecuatorianos es un tema sensible que exige una evaluación técnica.
Aclaró que es absolutamente falso que se diagnostique este virus con una prueba rápida, por el contrario, en el país se han abastecido de pruebas de VIH de la más alta calidad, calificadas por instancias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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sociales y sociedad civil. El Código establece normas para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos y de largo plazo.
Acuerdo Interministerial
El pedido de comparecencia de los ministros de Trabajo y Salud se sustenta en que la Asamblea no puede ser indiferente ante un acuerdo interministerial (Trabajo y Salud) que recorta el estipendio (reconocimiento económico) a los internos de salud pública y privada.
El pasado 6 de mayo, los dirigentes estudiantiles Andrés Santos, Mario Zambrano y Wilson Luna, comparecieron ante la Comisión de Educación y mostraron su inconformidad por la adopción del acuerdo y pidieron su derogación. Señalaron que antes del convenio el reconocimiento económico era de $591 y con la reducción es menor, en algunos casos, a los $200.
SV