Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
Con 9 votos a favor, la Comisión del Desarrollo Económico aprobó el informe sobre el veto al proyecto urgente para el Fomento Productivo. En siete artículos observados por el Ejecutivo la mesa recomienda al Pleno la ratificación, pero en la mayoría, el 90%, el allanamiento.
El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, anunció que la mayoría de cambios propuestos, el 80%, eran de forma, para mejorar el texto y la aplicación de la norma, que busca no solo fomentar la producción, sino atraer inversiones, generar empleo y llegar a un equilibrio fiscal.
Según el informe se sugerirá a los parlamentarios votar en tres bloques: uno sobre allanamientos, otros sobre ratificaciones y un tercero para que cada bloque decida respecto de su posición con los planteamientos de las reglas macrofiscales. El debate en el Pleno podría desarrollarse el martes próximo.
Las propuestas
En el grupo de las remisiones se ratificó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deban aplicar esta medida, mientras el gobierno insistía en que sea una opción. La remisión se fijó para obligaciones tributarias, aduaneras, fiscales, servicios básicos de empresas amparadas por la Ley de Empresas Públicas y crédito educativo y becas.
En el paquete de los incentivos, la Comisión sugiere allanarse a la mayoría de cambios. En uno de ellos el Régimen pide que se incluya como sector priorizado a las áreas industrial, agroindustrial, agroasociativo, cinematografía, audiovisuales, para que tengan exoneración del Impuesto a la Renta (IR) entre 8 y 15 años, en nuevas inversiones.
Los parlamentarios también coinciden con que se grave con tarifa cero del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las cocinas de gas. Con el veto se eliminó que el Régimen puede revisar esta medida en diciembre de 2018, es decir, será inmediata. En los incentivos para la importación y transferencia de insumos, con tarifa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para los sectores agropecuario, acuícola y pesquero, se incluye materias primas y maquinaria.
Otra de las propuestas que acogieron los comisionados se relaciona con la construcción de vivienda social. La propuesta de un seguro se reemplaza por lo que establece el Código Civil sobre la responsabilidad del constructor por los vicios de la obra. Esto, a fin de que no se eleven los costos de las soluciones habitacionales.
Incentivos para la reinversión de las utilidades, para la inversión de activos inmuebles, refuerzo de la política energética, reactivación del crédito (IVA cero para seguros de desgravamen), condiciones para generar empleo, fueron otros de los temas que acogió la Comisión.
El proyecto contiene, además, reformas a algunos cuerpos normativos. En este apartado los legisladores insisten en el derecho que tienen los exportadores habituales a la devolución de los pagos realizados por concepto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, siempre y cuando la oferta no exista en el mercado local.
En el proyecto también se reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en lo referente al endeudamento público. En el veto el Ejecutivo plantea ampliar el concepto y señala que es todo lo que requiere pagos de intereses o capital. Aclara que la deuda contraída por los GAD con aval fiscal no se incluye en el cálculo del límite de endeudamiento público.
En esa misma ley, en la parte que trata de la sostenibilidad fiscal, regla fiscal y límite de endeudamiento, se agrega un supuesto para la no aprobación del presupuesto, en el cual el resultado primario arroje un déficit. Asimismo, se modula para que el Ejecutivo aplique mecanismos de corrección automática en el caso de riesgo de incumplir las reglas y metas fiscales.
Alcance del veto
Durante esta sesión, los parlamentarios resolvieron el alcance del veto. Con 9 votos a favor se allanaron al planteamiento del Ejecutivo. Argumentaron que aclara las reglas con las cuales funcionará el arbitraje internacional. En los contratos de inversión el Estado deberá pactar arbitrajes nacionales o internacionales para resolver disputas y deja a elección del reclamante la decisión de someterse a cualquiera de los tres reglamentos: el de las NN.UU, de la Cámara de Comercio Internacional o de la Convención Interamericana de Arbitraje.
LILA/pv
