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Con la presencia de representantes del ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas (SRI), Defensoría del Pueblo delegados de las universidad Internacional y Andina, así como de miembros del colectivo “fuera impuesto verde”, se analizó el foro: “qué tan verde es el impuesto verde”, organizado por el bloque del Movimiento Creando Oportunidades (CREO).
El legislador Homero Castanier, al dar la bienvenida a los asistentes, recordó que en 2011, se estableció el denominado impuesto verde que, lamentablemente, no tuvo un análisis técnico, ni jurídico, tampoco social. Hoy por hoy, el ciudadano paga por triplicado para circular en las vías, dijo.
Hay que hacer un análisis acerca de por qué Ecuador tiene la más alta carga tributaria en América Latina y saber si, verdaderamente, el impuesto verde fue dirigido hacia planes de remediación ambiental, forestal o si se hicieron efectivos los planes de chatarrización. Por ello, es esencial este diálogo con diversas visiones para llegar a un acuerdo, añadió.
De inmediato, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, subrayó que los impuestos pueden servir para desincentivar prácticas contaminantes, a fin de que “quien contamine pague” y recordó que el impuesto ambiental a la contaminación vehicular debe pagar todo propietario de vehículo motorizado de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1.500 centímetro cúbicos. Para el efecto, se toma en cuenta, tanto el cilindraje, cuanto los años de antigüedad del vehículo.
Indicó que los montos recaudados van a la Cuenta Única del Tesoro y de allí se utiliza para financiar todo el Presupuesto General del Estado. No existe una preasignación para el sector ambiental, porque el artículo 298 de la Constitución lo prohíbe. Durante los años de vigencia de este impuesto, el promedio de recaudación anual de los recursos erogados para el sector ambiental (111.3 millones de dólares) es mayor que el promedio anual de recaudación (137.2 millones de dólares), es decir, 1.23 veces más erogación en el Presupuesto General del Estado al sector ambiental que lo recaudado por el referido tributo.
En este marco, Fabián Carrillo subrayó que es fundamental este tipo de discusiones que se dan a la Legislatura y pidió a la Asamblea impulse una reforma tributaria integral.
A su turno, José Almeida, del Servicio de Rentas Internas, aseguró que la Ley de Fomento Ambiental permitió que los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 2.500 centímetros cúbicos y de una antigüedad de más de cinco años tuvieran un descuento del 80 % del valor del impuesto a la contaminación vehicular por los años 2012, 2013 y 2014. Para el 2019 no existe normativa legal que establezca la ampliación de este descuento, por lo que en este año, debe realizarse el pago del impuesto de forma integral.
Desde el 2012 al 2018 se recaudó un total de 779.398.571 millones de dólares, de ocho millones 121 mil 996 vehículos. La proyección de recaudación para 2019 alcanza los 164 millones 697 mil 677 dólares.
El problema en la gestión del impuesto verde es que la base de datos está desactualizada con cilindrajes erróneos; errores en el ingreso de datos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y compañías ensambladoras. El tributo ambiental es más alto que el Impuesto a la Propiedad de Vehículos motorizados, (en vehículos con antigüedad mayor a cinco años), agregó.
Entre tanto, Paulina Murillo de la Defensoría del Pueblo fue enfática al señalar que se incumplió la normativa constitucional y legal al establecer el impuesto verde. Por ello, exhortó al Presidente de la República modifique este impuesto, garantizando principios como quien contamina paga; la prevención y corrección en la fuente; generalidad, eficiencia, equidad y transparencia. Pidió a la Asamblea genere un proceso participativo, técnico e incluyente para contribuir al mejoramiento del ambiente y desincentive las prácticas contaminantes; y, que la Contraloría investigue el uso y destino de los fondos recaudados hasta la actualidad.
De su lado, Carlos Pérez, del Colectivo “Fuera impuesto verde” aseveró que todos estamos de acuerdo en que se pague un impuesto ambiental, pero con estudio técnico-jurídico, donde el que más contamine pague, pues existen dos millones 500 mil afectados por el pago de este impuesto y pidió su inmediata eliminación.
¡¡¡Fuera impuesto verde!!! pedían los asistentes a los legisladores Fabricio Villamar y Homero Castanier, quienes presentaron un proyecto orientado a eliminar este tributo. Según Villamar, porque la política es fallida y no cuenta con fundamento técnico. Lo recaudado, cerca de 800 millones de dólares, no fue dirigido hacia el cuidado ambiental, agregó.
Andrés Castillo, de la Universidad Internacional, enfatizó que el tamaño y año de fabricación del vehículo no son factores objetivos para el cálculo real de la contaminación. Para mejorar la calidad del aire se necesita alternativas en transporte y la movilidad, enfatizó.
JLVN/eg
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