Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
Las posiciones fueron divergentes, pero Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, hizo un llamado a un trabajo en conjunto con el fin de superar las dificultades que pueden encontrarse en la recaudación del tributo para el servicio de recolección de basura.
Esta reflexión la realizó después de escuchar a varios representantes institucionales que acudieron a la mesa a expresar sus criterios en torno al proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de autoría del asambleísta Esteban Bernal.
El legislador explicó que su propuesta pretende garantizar los recursos económicos para la dotación de este servicio, cuya tasa debe cobrarse a través del servicio de energía eléctrica de manera obligatoria y no voluntaria. Argumentó que con la promulgación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el sistema de recaudación se pone en riesgo y queda sujeto a la discrecionalidad de un organismo rector, lo que genera incertidumbre.
Se pretende reformar el artículo 60 de esta Ley, con la que Norma Illares, concejal del Municipio de Cuenca, está de acuerdo. La razón: la recaudación a través de las planillas eléctricas proporciona eficiencia en el ingreso de recursos económicos para el servicio de recolección de basura.
Con ella coincidió Ángel Torres, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Manifestó que la propuesta se ancla en los derechos que garantiza la Constitución, como la de disponer de servicios de óptima calidad, por lo que respaldan la iniciativa. “Esperamos que entre la AME y las empresas eléctricas podamos implementar mecanismos que respondan a la realidad de recolección según el sector y aspiramos que el servicio se mejore”, acotó.
Pidió que, además de reformar el artículo, se modifiquen las disposiciones generales tercera y séptima de la ley para que haya coherencia. Y de esa correspondencia habló también Andrés Chávez, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad.
Para el representante de la Agencia, el proyecto no es procedente porque contradice las disposiciones de la Constitución, el Código de Organización Territorial y otras normativas. Además, el número de consumidores de energía eléctrica no guarda relación con el número de quienes reciben el servicio de recolección de desechos sólidos, por lo que se podría estar cobrando este tributo a quienes no se debería.
Chávez justificó que el 50 % de municipios utiliza otros mecanismos de cobro y que el proyecto retrocede la misión del sector eléctrico, es decir, que el consumidor visualiza exclusivamente los valores correspondientes a este sector. “En la práctica, el usuario continúa cancelando de forma totalizada el servicio eléctrico, más el tributo de bomberos y de recolección de basura”, analizó.
LILA/pv
