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Una amplia socialización de los proyectos que se tramitan es lo que ha priorizado la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por Esteban Albornoz. Este miércoles 13 de septiembre, a las 10h00, continuará con el estudio de los proyectos que tratan el procedimiento para la recaudación de la tasas de recolección de basura y el que plantea la posibilidad de realizar auditorías externas en las empresas públicas.
Se trata de los proyectos de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a la Ley de Empresas Públicas. El primero lo trabajó el asambleísta Esteban Bernal. Pretende que las entidades que recolectan la basura cuenten con los recursos económicos necesarios para garantizar la adecuada prestación de este servicio.
El legislador considera que la mejor forma de recibir esa contribución de la ciudadanía es a través de la planilla de luz. Explicó que con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica este sistema de recaudación se pone en riesgo porque queda sujeta a la voluntad del organismo rector. En ese sentido, en la reforma se sugiere que sea obligatorio.
La semana pasada acudieron a la Comisión actores de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. En el primer caso, Norma Illares, concejal del Municipio de Cuenca, y Ángel Torres, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, coincidieron en que la recaudación a través de las planillas eléctricas proporciona eficiencia en el ingreso de recursos económicos para la recolección de basura.
En cambio, Andrés Chávez, director ejecutivo de la Agencia, dedujo que el proyecto no es procedente porque contradice las disposiciones de la Constitución, el Código de Organización Territorial y otras normativas. Además, el número de consumidores de energía eléctrica no guarda relación con el número de quienes reciben el servicio de recolección de desechos sólidos, por lo que se podría estar cobrando este tributo a quienes no se debería.
Reformas a Ley de Empresas Públicas
La Comisión analiza el proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, antes de elaborar el informe para segundo debate. Durante el tratamiento en primera instancia, los legisladores coincidieron en la necesidad de agilizar los procesos de auditoría externa de los estados financieros, que es el objetivo principal de la norma, pero había criterios en cuanto a la operatividad.
Según Albornoz, este tipo de estudios, en la práctica, demora hasta 180 días. Se trata de mejorar esos tiempos, a fin de posibilitar un mejor manejo financiero de las empresas públicas. Para ello, se reformará el artículo 47 de la ley.
LILA/pv
