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La Comisión de Régimen Económico prosiguió el estudio del proyecto de Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. En esta oportunidad analizó el régimen sancionatorio, las infracciones y sanciones a los servidores públicos que incumplan sus obligaciones cuando el ciudadano gestiona un trámite administrativo.
La propuesta establece doce faltas disciplinarias, por ejemplo, exigir el cumplimiento de trámites, requisitos o procedimientos que no estén definidos en una ley, decreto, ordenanza; solicitar a los administrados la proporción de datos o la entrega de originales o copias de documentos que hubieren sido presentados previamente a la entidad ante la que se gestiona un trámite administrativo, excepto cuando hubieren perdido vigencia.
Además, exigir la presentación de cédula de identidad aún cuando la persona cuente con pasaporte o licencia de conducir vigente; pedir que los documentos otorgados en territorio extranjero, legalizados por agente diplomático o cónsul del Ecuador acreditado en ese territorio o apostillados conforme el Convenio de La Haya, sean autenticados o legalizados por el ente rector de las relaciones exteriores.
Según el proyecto, los servidores que incurran en una o más infracciones serán sancionados por la autoridad nominadora o su delegado, con la suspensión temporal sin goce de remuneración por hasta 5 días; si reincide por segunda ocasión la falta, la sanción será de hasta 15 días y por tercera ocasión de hasta 30 días.
El asambleísta Juan Cristóbal Lloret indicó que varios de los aspectos que contiene el proyecto constan en otras leyes, pero no se cumplen. Puso como ejemplo un acuerdo ministerial se impedía la presentación de copia de la cédula para realizar los trámites.
Advirtió que ha constatado que muchos ciudadanos se han quedado en la indefensión cuando realizan un trámite administrativo, sin alcanzar una respuesta oportuna a su gestión.
El legislador Esteban Melo sugirió que no se exija a los compatriotas migrantes el historial crediticio ni la papeleta de votación para realizar un trámite, en virtud de que no están obligados a votar.
Entre tanto, Gabriela Larreátegui, mencionó que es necesario extender los horarios de atención para trámites administrativos. Actualmente es de 14h00 a 16h00 y no todos los días, cuando lo esencial es en un horario normal y atención diaria.
En otro orden, los parlamentarios avocaron conocimiento de cinco proyectos de ley: reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, Código Monetario y Financiero al Código de Comercio para mejorar la seguridad de la letra de cambio y del pagaré y un de interpretación a la disposición general sexta de la Ley de Reactivación de la Economía.
El presidente de la comisión, Pabel Muñoz, resaltó que está prácticamente listo el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Optimización de Trámites, para segundo debate del Código de Comercio, mientras que para el estudio de las reformas a la Ley de Contratación Pública se prevé realizar un taller.
JLVN/pv
