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La Comisión de Régimen Económico conoció las observaciones en materia del Código de Comercio. Seis instituciones entregaron sus planteamientos en torno a facturación electrónica, canon de arrendamiento de locales comerciales, transferencia de un negocio, terminación unilateral de seguros, cesación bilateral del seguro, aviso del siniestro, formalización del reclamo de seguro y tiempo de pago; y, responsabilidad civil en materia de daños.
El presidente de la mesa legislativa, Pabel Muñoz, mencionó que la mayoría de planteamientos propuestos es de forma y se sistematizará en el informe para segundo debate, que entregarán en los próximos días.
Muñoz indicó que la comisión realizará un taller con los sectores involucrados, a efectos de que conozcan los temas que constarán en el respectivo informe.
Dijo que el proyecto de Código de Comercio contiene 1328 artículos, tres disposiciones generales, seis derogatorias y una final. Está dividido en un título preliminar y siete libros, que establecen las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.
Mencionó que luego de seis décadas de cambios fundamentales en las relaciones jurídicas, sociales, económicas y mercantiles, expresadas -en cierta medida- a través de las numerosas incorporaciones, reformas, desmembraciones y derogatorias concretadas, tanto a través de actos normativos, con rango legal, cuanto de la evolución jurisprudencial, es indudable que el sentido y el vigor de una codificación legal se han visto menoscabados.
El rol insustituible del comercio como motor de la prosperidad, la innovación, la integración y la reducción de la pobreza, reclama la actualización de las normas legales que demarquen su ejercicio y los agentes que en él intervienen. Por tanto, es imperativo el desarrollo de las normas constitucionales que abogan por el comercio justo, sostenibilidad y responsabilidad social y ambiental, en armonía con una intervención equilibrada y subsidiaria del Estado en los intercambios y transacciones económicas, agregó.
Contar con normas jurídicas previas, claras y públicas contribuye con la certeza de las relaciones en el ámbito mercantil e incentiva el desarrollo de nuevas actividades comerciales, reduciendo los costos de transacción, las barreras de entrada y las asimetrías de información, concluyó Pabel Muñoz.
JLVN/eg
