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Solo dos instituciones, Quito Turismo y la Procuraduría General del Estado, han cumplido con la disposición que establece que las instituciones del Estado tienen la obligación de remitir información a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap). La mayoría de instituciones asegura que no realiza trámites porque no se entiende la gestión de información y que un servicio es un trámite, subrayó Lorena Naranjo Godoy, titular de la Dinardap, en la Comisión de Régimen Económico.
Mencionó que la institución cumple con el principio de confidencialidad y solo pueden entregar datos personales con la autorización legal o con permiso del titular, es decir, trabajan con dato seguro, que incluye niveles técnicos y seguridad jurídica.
Al momento, la Dinardap tuvo que fortalecer todos los datos porque hay fishing (correos que se hacen pasar por la institución para robar información), por lo cual anunció que cambiarán el correo electrónico para brindar servicios de protección de datos.
Adelantó que mantienen conversaciones con el Ministerio de Telecomunicaciones para que se use de manera integral la infraestructura tecnológica del Estado. La ley permitió a la Dinardap fortalecer sus funciones y ofrecer servicios integrales con estandarización de datos, agregó Lorena Naranjo.
Los comisionados, luego de escuchar a la funcionaria acordaron emitir una resolución para exhortar a las instituciones públicas cumplan con esta Ley.
Becas
En otro orden, la Comisión de Régimen Económico analizó la problemática que enfrentan más de 9.000 becarios retornados, quienes tienen problemas de coactiva en sus créditos. En este marco, propondrán al Pleno de la Asamblea un proyecto de resolución, con la finalidad de que se atienda a los becarios que regresaron al país y que están en situación calamitosa.
Además, porque hay problemas con las becas, justificativos para el siguiente desembolso, créditos bancarios, lo cual va en contra de lo que busca el país en lo atinente a alcanzar la educación de calidad. Por ello, desde la Legislatura se deben tomar los correctivos necesarios para apoyar a este grupo social, dijeron.
Al seno de la mesa acudieron Enrique Crespo, en representación del Grupo de Becarios; Carlos Jaramillo, secretario de Colectivo Ciudadano afectados (Afeiece), Jhamina Saá, diseñadora industrial; Wilma González, madre de un joven con beca de estudios, quien falleció en el 2018; Álex Cutco, diseñador de construcción de naves, quienes expusieron el viacrucis que pasan por los procesos de coactiva que pesan en su contra, al no poder pagar sus deudas. Regresan a su lugar natal y no logran su inserción laboral y, cuando encuentran trabajo, les dicen que están impedidos de ocupar un cargo porque están atrasados en los pagos.
Entre tanto, Andrés Peñafiel, director del Instituto de Fomento de Talento Humano (IFTH), mencionó que el 25 de julio de 2018 se publicó la reforma al Reglamento General de Becas Económicas donde se introducen varias aristas que posibilitan a los becarios devengar sus deudas en el exterior.
JLVN/eg
